La ciudad

El ballottage impactó en el Concejo rosarino y dilata temas clave

El resultado del domingo modificó el mapa político local. Se demora la elección de autoridades y la sanción del Presupuesto 2016 hasta después del 22 de noviembre.

Jueves 29 de Octubre de 2015

El resultado de la elección presidencial del domingo repercutió fuerte y de manera impensada en el mapa político del Concejo. La confirmación del ballottage condicionó el juego de alianzas entre los bloques para definir el próximo presidente del cuerpo y la aprobación de temas clave, como el presupuesto 2016. El PRO pretende ser “la embajada del gobierno nacional en Rosario” si Mauricio Macri llega a la Casa Rosada. El interbloque justicialista estudia un esquema similar si Daniel Scioli triunfa y podría pedir el manejo del Palacio Vasallo. El Frente Progresista aguarda definiciones nacionales mientras pide ese cargo para potenciar la gobernabilidad.
  Tras una década de gestión del socialista Miguel Zamarini al frente del cuerpo legislativo, su sucesión ya convirtió al Concejo en un hervidero político. Y desde el lunes potenciado por las novedades en el mapa de poder a nivel nacional por el comicio presidencial.
  La elección local de junio ya había dejado un escenario de fragmentación en el Concejo a partir del 10 de diciembre, cuando haya 28 ediles. Bloques de pocos concejales, con armados frágiles que anticipan interbloques cambiantes.
  Así, dentro de 45 días el Concejo tendrá cuatro posibles grandes interbloques: el que integrarán los 9 ediles del Frente Progresista, el de Unión PRO que podría sumar hasta 7 votos, el PJ y aliados con unos 8 y el de la izquierda con 4.
  Esta atomización en un cuerpo de 28 representantes obligará a las diferentes bancadas a agudizar la negociación para destrabar, en las próximas seis sesiones, la elección de autoridades, la integración de las comisiones y la aprobación de temas estratégicos.
  El Frente Progresista reclamará la presidencia para un edil oficialista. Argumentará que la lista que encabezó Horacio Ghirardi fue la más votada en la última elección, que son el interbloque más numeroso y que le corresponde para ser nexo con el Ejecutivo.
  De prosperar ese planteo político hay tres nombres en carrera: el propio Ghirardi y las concejalas radicales frentistas Daniela León y María Eugenia Schmuck.
  Desde el PRO, el titular de la bancada, Rodrigo López Molina señaló a La Capital: “El resultado de la elección presidencial del domingo y la confirmación de que habrá segunda vuelta, postergan las definiciones políticas en el Concejo hasta después del 22 de noviembre”.
  El diputado provincial electo remarcó que de llegar Macri a la Casa Rosada, el “PRO en Rosario tendrá otra fortaleza y buscará ser un puente entre el oficialismo nacional y el Ejecutivo municipal. Una especie de embajada de la Nación en la ciudad”.
  López Molina aclaró que este posicionamiento no implica “exigir la presidencia del Concejo. Sólo destacar que nuestro rol en el mapa político de la ciudad se revalorizaría desde el 10 de diciembre”.
  De todos modos, en el macrismo local suenan tres nombres para algún cargo con expectativa en el Palacio Vasallo: el electo concejal Gabriel Chumpitaz y los actuales ediles Carlos Cardozo y Alejandro Roselló.
  El PJ y sus aliados, que con sus distintas vertientes podrían sumar entre ocho y nueve votos, podría también reclamar la presidencia del Concejo. Un candidato en carrera es el diputado provincial Eduardo Toniolli, quien asumirá como concejal a fin de año.
  Otro nombre en danza, con un perfil más conciliador, es el de Osvaldo Miatello. Un dirigente bien considerado por el oficialismo que siempre encontró en sus posiciones, actitudes tendientes a garantizar la gobernabilidad.
  La izquierda, que tendrá cuatro representantes (tres de Ciudad Abierta y uno del Frente Social y Popular), aún no definió estrategia ya que no tiene bancas en el actual Concejo.
  La incertidumbre en el panorama nacional también impactará en el avance del presupuesto 2016. La falta de certezas políticas en el escenario local suma dudas sobre la magnitud del ajuste que propondrá el Ejecutivo para la tasa general de inmuebles (TGI).

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