La ciudad

El Arzobispado de Rosario negó que haya usurpado funciones del Estado

En un comunicado, consideró que el "sistema de recepción de informes" sobre abusos sexuales obedece a una disposición del Papa.

Viernes 10 de Julio de 2020

Las críticas a la decisión del Arzobispado de Rosario por abrir un canal de informes de abusos sexuales cometidos por miembros de la propia Iglesia, que se formalizaron en una denuncia penal por "usurpación de funciones del Estado, estafas y otras defraudaciones" ante la Justicia vienen haciendo ruido. La presentación hecha no sólo contra el arzobispo local, Eduardo Martín, sino también contra el jefe de la Iglesia Católica en la capital provincial, el rosarino Sergio Fenoy, tuvo ayer una respuesta pública por parte de las autoridades de la Iglesia, quienes afirmaron que "de ninguna manera" buscaron sustituir "el ámbito de competencia de la autoridad estatal" y que se respondió a una disposición del Papa Francisco.

A través de un comunicado, que no sólo lleva la firma de Eduardo Martín, sino también del vicario general del Arzobispado, monseñor Emilio Cardarelli, las autoridades eclesiásticas aclararon que el paso dado fue "la puesta en funcionamiento del sistema de recepción de informes", pero que "de ninguna manera son denuncias penales", en el sentido que les dan las "leyes estatales".

El escrito recalca que no se intenta sustituir el "ámbito de competencia de la autoridad estatal", y explica que se buscó "adoptar las decisiones administrativas y disciplinares dentro de su propio ámbito de actuación".

También remarca que su implementación responde a lo dispuesto por el Papa Francisco, la máxima autoridad de la Iglesia Católica, quien pidió, a través de la carta apostólica denominada Motu Proprio, establecer un sistema estable y de fácil acceso al público "para disponer de un lugar de encuentro y escucha, así como un número telefónico de contacto, y elaborar un informe a fin de remitirlo a la autoridad competente".

En la comunicación, el Arzobispado manifestó que "la Iglesia, en cuanto a las posibles consecuencias jurídicas, se atiene y asume lo que decida la Justicia, que es la única competente para ese fin y a la que se debe acudir".

La denuncia

La denuncia fue hecha ante la Justicia por el abogado y presidente del Colegio de Abogados de Rosario, Carlos Ensinck, quien había considerado que la decisión del Arzobispado "trata de suplantar al Ministerio Público de la Acusación (MPA), que es el organismo donde debe reportarse cualquier delito", y señaló que "eso es lo mismo que suprimir el Estado de Derecho".

Tanto el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, como los fiscales regionales de Rosario, Patricio Serjal, y de Santa Fe, Carlos Arietti, recibieron la presentación y la investigación fue asignada a la fiscal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Nora Marull.

Ensinck tomó conocimiento de la creación del sistema de recepción de informes y denuncias de casos de abusos cometidos dentro de la Iglesia a través del propio sitio web del Arzobispado, con un esquema que también se replicaría en Santa Fe. Para el abogado, que hizo la presentación a título personal y no en representación del colegio profesional, eso constituye una violación de normas básicas del Estado de Derecho y corresponde que la Justicia lo investigue.

"La denuncia de cualquier delito debe hacerse en el Ministerio Público de la Acusación, no hay otro lugar", dijo Ensinck a La Capital, y consideró "muy cuestionable" que sea personal de la Iglesia el que se ocupe de gestionar esas denuncias referidas a personas que se desempeñan dentro de ella.

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