"Es otra provincia", dice Beatriz Gutiérrez. La referente de la Multisectorial de Mujeres de la capital provincial habla de Santa Fe, pero no habla de otra jurisdicción, sino de los 11 departamentos del centro norte santafesino donde 18 organizaciones feministas a través 70 voluntarias trabajaron para mostrar una vez más lo difícil que aún resulta para las mujeres y diversidades acceder a derechos sexuales y reproductivos con plena vigencia, incluidos el aborto voluntario y el aborto legal. Respecto del cumplimiento de la ley 27.610 de aborto legal, seguro y gratuito sancionada por el Congreso todavía en pandemia el relevamiento no deja lugar a dudas de que esa es una deuda pendiente por falta de acceso a información: solo una de cada diez mujeres que residen en las ciudades y pueblos del centro norte está en condiciones de acceder a una interrupción de su embarazo por conocer fehacientemente dónde solicitarla.

El Monitoreo Social Santafesino de Acceso a los Cuidados en Salud Sexual tuvo varias etapas; comenzó durante la pandemia de Covid, continuó tras el levantamiento del aislamiento en 2021, confeccionó materiales con información para la promoción de los derechos a través de redes sociales y trabajó con fuerza entre octubre de ese año y enero de 2022 en la realización de encuestas a más de 700 mujeres, todas ellas usuarias de la red de salud pública de la provincia -centros de salud y hospitales- en los 11 departamentos del centro y norte: General Obligado, San Javier, Vera, Castellanos, 9 de Julio, San Cristóbal, Garay, La Capital, Las Colonias, San Javier, San Jerónimo y San Justo.

Palabra y la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe fueron las organizaciones que desde la capital provincial articularon el trabajo de 18 organizaciones y más de 70 voluntarias a lo largo y ancho de esos departamentos, entrevistando a mujeres de entre 14 y 45 años.

"Primero durante el inicio de la pandemia y, luego, tras la aprobación de la ley del aborto no teníamos datos de lo que estaba realmente pasando con las mujeres y el acceso a esos derechos y eso fue lo que salimos a buscar a través de esta red de organizaciones", cuenta a La Capital desde Santa Fe la referente de la Multisectorial.

Gutiérrez señala que "ese territorio es totalmente diferente al de Rosario, que tiene otro camino y otra historia", y describe que justamente fueron esas misma red de organizaciones y personas "sueltas" que se activa cuando "aparece un caso de una situación de aborto o pedido de aborto que atender" la que se puso en marcha para llevar adelante el monitoreo en las localidades.

"Era importante que fueran compañeras que conocen el territorio las que se acercaran a los centros de salud y hospitales", destaca Gutiérrez, una de las referentes que esta semana presentó los resultados de ese trabajo ante la Legislatura provincial junto a la diputada justicialista Lucila De Ponti.

Sin información para abortar

Si bien el trabajo abarca desde el acceso de anticonceptivos durante la pandemia y la concurrencia de las mujeres a los efectores de salud, lo que sin lugar a dudas mostró el monitoreo es que el acceso al derecho a las interrupciones voluntarias de embarazo (IVE) y a las interrupciones legales de embarazos (ILE) siguen siendo una deuda pendiente en esa región de la provincia por falta de acceso de las mujeres a información fehaciente. Y recuerda, además, que no existe legalmente posibilidad por parte de los profesionales de ampararse en la objeción de conciencia a la hora de brindar información a las usuarias.

El 74 por ciento de las mujeres entrevistadas no sabe si existe algún centro de salud u hospital cercano que lleve adelante esas prácticas y el 14 por ciento directamente responde que "no los hay". Y apenas el 12 por ciento dice conocer un centro de salud donde concurrir en caso de tener que requerir un IVE o ILE.

Con esas respuestas, es que el informe infiere que "solo una de cada diez mujeres residentes en el centro-norte provincial está en condiciones de acceder a una IVE/ILE ya que conoce fehacientemente dónde solicitarla" y, en el mismo sentido, consultadas sobre si en el efector donde se atienden se entrega medicación para la práctica de IVE/ILE, más del 80 por ciento no dispone de esos datos, el 11 por ciento directamente dice que no se entrega y solo el 8 por ciento afirma que sí se distribuye en el centro de salud.

Además, más del 80 por ciento de las mujeres consultadas conoce la existencia de la línea de atención gratuita en salud sexual del Ministerio de Salud de la Nación (0800-222-3444), una herramienta telefónica de consultas sobre salud sexual y de reclamo cuando no se garantizan los derechos sexuales.

Respecto a la información concreta recibida sobre el acceso a IVE e ILE en los centros de salud, el 20 por ciento dijo haberla recibido, una proporción similar ( 21%) refirió que esa información nunca se le ofreció y el 59 por ciento afirmó no saber.

"Los datos dejan visible la falta de información respecto a la ley nacional 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo -señala el informe-. Abogamos por el diseño de una política pública que garantice la información en los efectores y campañas comunicacionales masivas sobre esta ley, plazos, condiciones y garantías".