El 90 por ciento de las escuelas privadas de Rosario recibe algún tipo de subsidio del Estado, que sostiene a las instituciones en este duro contexto de la pandemia, ante el aumento de morosidad en el pago de las cuotas. Son 295 establecimientos, de un total de 328, mientras sólo 33, denominados “autorizados”, no perciben fondos. En la provincia, 789 entidades recibieron en julio 1.225 millones de pesos.
En este marco, el Ministerio de Educación autorizó el aumento de las cuotas en los colegios privados a partir de septiembre. El pago del bono de 3 mil pesos a los maestros activó una disposición que regula los aranceles en función del salario docente, y actualiza los topes. En promedio la suba autorizada, que es opcional y dependerá del nivel de aporte estatal de cada colegio, es de 7,76 por ciento.
Actualmente, el piso para las escuelas con subvención es de 2083 pesos por mes, y el techo es de 9372 pesos. Pero hay colegios con cuotas más bajas, por ejemplo 1.500 pesos, y otras que no reciben ayuda que cobran hasta 10.500 pesos. Incluso, hay escuelas del Arzobispado en Rosario y Santa Fe que son gratuitas. A nivel provincial, 270 mil alumnos cursan en este tipo de instituciones. Esto significa que 3 de cada 10 chicos santafesinos van a una escuela privada. En Rosario y los grandes conglomerados urbanos, la cifra se acerca más al 40 por ciento.
Dentro de las escuelas subsidiadas, al 85 por ciento se le deposita la totalidad del salario de los docentes, aunque la mayoría tiene también personal contratado por fuera. En tanto, el otro 15 por ciento percibe entre el 40 y el 80 por ciento de los salarios reconocido por Educación. Los aportes llegan al bolsillo de 23 mil trabajadores, de un total de casi 29 mil personas que trabajan en la ciudad bajo esta modalidad.
Esa planta orgánica funcional más amplia se paga con recursos propios de las instituciones, a la espera de que el Estado dé luz verde a esos puestos. Por ejemplo, subvenciona a un maestro de grado, pero no si la escuela quiere tener un profesor de ajedrez, o un portero extra. Otro caso común es el de crecimientos vegetativos: un curso llega a tener 50 alumnos, cuando el máximo es 35, y es desdoblado en dos. Uno recibe ayuda estatal y el otro no por algunos años hasta que se lo incorpora al beneficio.
Reparto
La enseñanza privada se queda con el 24 por ciento del presupuesto del Ministerio de Educación de Santa Fe. Para esos establecimientos (sin incluir comedores y copa de leche), el presupuesto anual es de 15.700 millones, con una ejecución acumulada a julio de 9.114 millones. Para comedores escolares de establecimientos privados, el crédito presupuestario es de 231 millones (incluye 50 millones por covid-19), de los cuales ya se ejecutaron casi 85 millones.
Rodolfo Fabucci, director provincial de Educación Privada, expresó preocupación por la caída en la cobranza de cuotas bajo la pandemia, que está hoy en un 65 o 70 por ciento, mientras antes promediaba el 90. Pero no es el peor escenario: en abril, a principios de la cuarentena estricta, había caído al 50 por ciento. Así, las instituciones siguen en pie porque el Estado inyecta recursos todos los meses.
“La educación escolarizada es pública, responsabilidad del Estado y a través de la legislación puede delegar esa función en instituciones debidamente reconocidas y oficializadas. Todas las escuelas son supervisadas y enmarcadas en las disposiciones curriculares que regulan la enseñanza. Por tanto el sistema educativo tiene dos gestiones: una estatal y una privada”, dijo.
El objetivo es desmitificar esas oposiciones entre el exabrupto del expresidente Mauricio Macri sobre “caer” en la educación pública, y el prejuicio progresista de que en la privada “pagan para pasar de año”.
Lo que diferencia a Santa Fe de otras provincias, es que la mayor parte la financia el Estado, que según el funcionario está cumpliendo con todas sus obligaciones: “Estamos pagando en término los subsidios sin ningún problema, hemos dado incorporaciones de cargos y cursos después de años sin hacerlo, se siguieron pagando reemplazantes. Hemos hecho un esfuerzo grande, y queremos ir regularizando esta situación”, admitió.
Por otra parte, los padres que adhieren a ese proyecto o ideario educativo que han elegido, abonan una cuota para sostener esa institución, cuya estructura de costos, según Fabucci, “se compone en un 80 u 85 por ciento de salarios y cargas sociales del personal que no abona el Estado”. El otro 15 o 20 por ciento, se destina a mantenimiento de los edificios, seguro médico y ART, y servicios.
Comprensión y contención
En relación al aumento de la morosidad, Fabucci apeló a “la responsabilidad”, tanto de las familias como de las instituciones. “Los padres tienes que colaborar, pero en este momento entendemos que hay una situación especial de pandemia, donde todas las instituciones tienen que salir a contener a las familias que han perdido su ingreso, con posturas y conductas solidarias. Y, según tenemos entendido hay muchas entidades que lo están haciendo”, se encargó de remarcar el funcionario.