Más de la mitad del presupuesto mensual de una familia rosarina se va en el pago de impuestos, servicios públicos y alquiler. El dato lo aportó el Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (Cesyac) en el marco de una lista de servicios que ya tienen aumentos en carpeta, entre los que se encuentran la luz, el gas, el agua y el impuesto inmobiliario provincial; a la par de otros que ya tuvieron sus actualizaciones, como la Tasa General de Inmuebles (TGI) municipal, el estacionamiento medido y las tarifas de colectivos, taxis y bicicletas públicas.
“Del presupuesto mensual de una familia, alrededor del 70% se va en el pago de cosas relacionadas con el hogar: servicios públicos, alquiler e impuestos”, señaló a La Capital el coordinador de Asuntos Jurídicos del Cesyac, Ignacio Pandullo, y agregó: “Los aumentos van a repercutir en forma importante respecto del costo de la canasta de servicios”.
Hay que separar los aumentos que ya están con los que se vienen. En el primer grupo están las tarifas del transporte público (taxis, colectivos y bicicletas), el estacionamiento medido y la TGI municipal, mientras que por el otro lado están la luz, el gas, el agua y el impuesto inmobiliario provincial.
Aguas y una “reconsideración”
Vale revisar, primero, lo que puede venir. En el primer puesto está la solicitud de aumento que Aguas Santafesinas Sociedad Anónima (Assa) presentó al gobierno provincial por el suministro del servicio de agua y cloacas: 60% en dos tramos, desdoblados en un 40% durante el primer bimestre del año y un 20% en el bimestre siguiente. Es la más alta, en relación a las solicitudes de las empresas proveedoras de otros servicios.
La empresa justificó la necesidad de ese aumento en el hecho de que “muchos de los insumos que debe adquirir para realizar la potabilización del agua están dolarizados y otros, que no lo están, han incrementado igualmente mucho su valor”. En caso de aprobarse, el cálculo de Assa es que el 75% de los usuarios residenciales pasaría a pagar una boleta bimestral de 1.600 pesos, mientras que el 5% pagará por encima de 3.000 pesos.
Este miércoles, la directora del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress), Anahí Rodríguez, manifestó que “se debería reconsiderar” este aumento, pero no sobre los porcentajes sino respecto a la manera de realizarlo: “Se le pidió al gobierno la aplicación de los parámetros de gradualidad, razonabilidad y proporcionalidad”, indicó.
"Entendemos que no resulta conveniente la aplicación tal cual lo propone Aguas. Por eso le pedimos a la autoridad gradualismo en la aplicación de tarifas, de manera tal que se pueda morigerar el impacto de esos valores en las economías familiares”, subrayó.
Con el pedido de aumento de Assa y la solicitud de reconsideración por parte de Enress, ahora el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la provincia debe definir la cuestión.
Pedido de aumento de EPE, entre cortes generalizados
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) solicitó, por su parte, un incremento de alrededor del 25% en dos tramos sobre la tarifa existente y una fórmula de ajuste semestral de acuerdo a la evolución de los costos de la energía mayorista.
La propuesta implica un aumento escalonado del 15% en enero y entre un 8,5 y 9% en marzo o abril. Desde la empresa aseguran que la suba prevista para 2022 estará por debajo de la inflación.
Litoral Gas
La principal empresa proveedora de gas en la región solicitó un aumento promedio del 20% para el servicio residencial a partir de marzo, en línea con otras distribuidoras del país.
En concreto, la empresa pidió ajustar el margen de distribución un 79%. Pero como esa prestación representa el 20% del costo final de la factura, el impacto en la boleta mensual de un usuario residencial sería de 20% en promedio. Por otra parte, el 83% de ese universo está alcanzado por el régimen de zona fría, que contempla descuentos de entre 30% y 50%. En esos casos, pagarán el 16% menos por mes que la tarifa vigente si están alcanzados con la menor bonificación y el 40% menos si tienen contemplada la mayor bonificación.
Por su parte, de aprobarse el nuevo esquema tarifario tal como lo pide la empresa, los usuarios pymes tendrían un aumento promedio de 32% en la factura mensual a partir de marzo, los de GNC 4% y los industriales 4%.
En tanto, resta definir de cuánto será el aumento del impuesto inmobiliario provincial: con el rechazo de la Legislatura santafesina al presupuesto sobre el final del 2021, este mes se rediscutirá la ley de leyes dentro de la que estaba una contemplación para aumentar este valor entre el 10% y el 35%.
Lo que ya aumentó
Desde enero, la TGI municipal ya llega a los domicilios con un 31,9% de aumento en relación a las tarifas del año pasado. A su vez, todavía está fresco el incremento en la tarifa del servicio de colectivos: este miércoles, el boleto pasó de $49,50 a $59,35, lo que representa una suba del 19,9%. A la par de esto, el estacionamiento medido aumentó un 46% y, con estos incrementos también subieron las tarifas del sistema Mi bici tu bici.
Por su parte, en diciembre, el Concejo Municipal habilitó un aumento en la tarifa de taxis y remises de entre el 25% y el 30%.
Aumentos proporcionales
Según detalló Pandullo, en Cesyac calculan la canasta básica todos los meses, vista desde la perspectiva de una familia de cuatro integrantes en Rosario y de una pareja de jubilados, también en esta ciudad. “Ambas canastas están particularizadas y se componen de los productos básicos del supermercado y de los servicios”.
“En 2020 y 2021, los mayores aumentos estuvieron en los productos básicos de consumo, como los de alimentación o limpieza”, explicó.
“Cualquier aumento para el consumidor no es bueno y menos todavía en el marco de una economía complicada como la que tenemos. Es por eso que la actualización de los servicios no debe ser más allá de la inflación y debe ser proporcional al poder adquisitivo de cada persona. Además, es importante que todas aquellas empresas que lleven adelante aumentos, den líneas para que quienes acumulen deudas puedan solventarlas en cuotas y no terminen con un corte de servicio o un endeudamiento importante”, consideró Pandullo.
“Necesitamos un marco regulatorio que reconozca la intervención de las asociaciones de defensa al consumidor para que podamos, también, ejercer una defensa más directa”, concluyó.
