Mientras semanas atrás el gobierno nacional se mostró activo e interesado enviando intimaciones a la cooperativa Trechel y a familias del barrio Islas Malvinas para reclamar por antiguos terrenos ferroviarios cercanos a Puerto Norte, otros inmuebles centenarios de su patrimonio están abandonados y en progresivo deterioro por falta de uso y de mantenimiento. El complejo de Sarmiento al 1300, otrora sede del Segundo Cuerpo de Ejército y antes Banco Municipal, y la mansión de Laprida 708, frente a la plaza 25 de mayo, carecen de destino desde hace 22 y 11 años, respectivamente: la Nación no cede la tenencia, y tampoco los pone a punto.

Se trata de edificios de valor patrimonial ubicados en el casco histórico, construidos originalmente por privados, que en el transcurso del siglo XX pasaron a la esfera estatal. Alojaron reparticiones públicas y luego quedaron vacíos, a pesar de sus estratégicos emplazamientos y de propuestas de refuncionalización de lo más diversas (las plantearon gestiones de distinto color político; ninguna llegó a plasmarse). Ambos fueron intrusados y en parte vandalizados, lo que obligó a las autoridades locales a intervenir, anoticiadas no por su propietario (el Estado argentino), sino por denuncias de vecinos.

La antigua sede del comando   

Al imponente edificio de Sarmiento 1326 lo diseñaron para albergar una entidad bancaria, y así continuó desde su inauguración en 1909 hasta la última dictadura cívico militar: a principios de los ’80, el directorio del Banco Municipal fue conminado por el entonces jefe del Segundo Cuerpo de Ejército, Leopoldo Galtieri, a venderlo al Ministerio de Defensa con el objetivo de que allí funcionara el comando de la unidad castrense. Entre 1948 y 1981, el complejo compartió medianera con el cine El Nilo, que terminó anexado a la propiedad original y se transformó en su auditorio.

En 2007 la superficie sumaba 3.600 metros cuadrados, pues se le habían añadido una cancha de básquet, habitaciones, comedores y hasta un polígono de tiro soterrado, entre otras dependencias. Las instalaciones pasaron a la órbita del Ministerio de Economía, que pretendía emplazar la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip, hoy Arca) en el predio. Se llamó incluso a un concurso público para efectuar refacciones, pero la iniciativa no prosperó y tras varios años la titularidad del inmueble volvió a la cartera de Defensa.

Hubo entonces varias propuestas en danza, hasta que en 2021 el exministro Jorge Taiana anunció que el inmueble se afectaría a la justicia federal, atento al cambio del sistema procesal penal y de la necesidad de abordar el problema de la narcocriminalidad en Rosario. En 2022 la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) firmó un convenio de transferencia con la provincia, que enseguida encaró tareas de limpieza e higiene en el interior de la institución y quedó a la espera de un proyecto técnico definitivo. La idea era montar allí el Ministerio Público Fiscal, en el marco del nuevo modelo acusatorio, que rige desde mayo de 2024. Pero las Fiscalías Federales terminaron, en diciembre de ese año y oneroso contrato de alquiler mediante, en las antiguas oficinas de atención al público que ocupaba la empresa Litoral Gas (de Mitre y San Lorenzo).

Este verano, vecinos de Sarmiento y 9 de julio reportaron a la Municipalidad que había gente dentro del edificio abandonado. “Se habían metido cuatro o cinco personas, las retiramos y cerramos bien el lugar”, cuenta Diego Herrera, secretario de Control y Convivencia. “Sellamos bien todas las puertas, las soldamos, se puso una valla y un candado en el portón que da a 9 de julio. De nación nos llamaron y nos indicaron que le entregáramos la llave a la Policía Federal, que ahora se encarga de hacer controles periódicamente”, reseña el funcionario.

El convenio suscripto en marzo de 2022 con la gestión del exgobernador Omar Perotti quedó caduco al asumir el presidente Javier Milei. Dicho acto administrativo incluía también la cesión de la casona de Laprida y Santa Fe, a la que voceros nacionales señalaron a fines de 2025 como futura sede de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn). Sin embargo, la mansión sigue vacía y, ante las consultas de La Capital, fuentes de la gestión mileísta se llamaron a silencio.

La casa Aghina   

Hércules Aghina y María Francisca del Rosario Cafferata, hija del exjefe político de Rosario y exgobernador de Santa Fe Juan Manuel Cafferata, fueron los primeros dueños de la casa de Laprida 708, aunque se la recuerda más vinculada a la familia Rouillón, que la ocupó desde 1931 y durante décadas, antes de que se convirtiera en patrimonio público.

En 2015 el gobierno nacional desalojó el centenario inmueble, que había tenido usos administrativos desde la década del ochenta, para efectuar reparaciones. Pasaron los años y las administraciones, pero los arreglos no se hicieron. En 2024 la casona de 1.504 metros cuadrados fue usurpada por intrusos que lograron llevarse valiosos materiales de infraestructura. Fueron los vecinos quienes dieron aviso, y también debió intervenir el área de control municipal.

“Hubo ingreso de personas por el portón de calle Santa Fe, habían sacado el chapón de abajo. Pero cuando accedimos, no encontramos a nadie”, apunta el secretario Diego Herrera. “Con Defensa Civil, sellamos y soldamos el portón”, agrega, y recuerda que el interior se hallaba “en estado de abandono, vandalizado”.

Desarrollada en subsuelo, planta baja y planta alta, la casa Aghina fue construida por José Gerbino y Leopoldo Schwartz. Está catalogada por su valor arquitectónico y urbanístico, así que tiene protección patrimonial. Albergó, entre otras reparticiones, a la obra social de los jubilados (Pami) y al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Durante la gestión de Alberto Fernández, estaba previsto que alojara al organismo de control de la Hidrovía Paraná-Paraguay, denominado Ecovina (por Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable). En enero de 2025, el organismo fue reemplazado por la Anpyn.

Luego de que fracasaran los intentos de concesionar la propiedad a privados, la Anpyn la solicitó para utilizarla. Sin embargo, no ha habido movimientos en relación a una nueva ocupación o a trabajos de refacción y mantenimiento.