Miércoles 14 de Septiembre de 2022
La Cámara de Diputados de la provincia dio media sanción a un proyecto de ley motorizado por la diputada socialista Claudia Balagué que establece políticas de convivencia escolar en los establecimientos educativos de la provincia, tanto públicos como privados. Ahora, la iniciativa será tratada en Senadores.
En su artículo 1º, el proyecto plantea que "el objeto de la presente es promover la convivencia, la pluralidad y la participación democrática de todas las personas involucradas en las instituciones educativas, a los fines de garantizar el derecho a una educación integral, y a la protección de todos los derechos que asisten a niños, niñas, adolescentes y jóvenes".
Según explicó la propia ex ministra de Educación de la provincia durante las gestiones de Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz, entre los puntos salientes del proyecto de ley figuran la creación del Consejo de Convivencia Escolar y el denominado "libro rojo".
Respecto al Consejo, éste actuaría como un organismo colegiado, democrático, plural, abierto a toda la comunidad educativa y representativo de las distintas personas que la componen y estaría integrado por docentes por cada nivel educativo, elegidos entre los docentes en actividad de la institución; estudiantes por cada nivel educativo, elegidos entre los estudiantes de la institución; familias, padres, madres o adultos responsables; equipo directivo; asistentes escolares; cooperadora escolar; tutores; personal administrativo; auxiliares de docencia y equipos de apoyo escolar y otros representantes elegidos democráticamente que están involucrados en la educación integral, con una duración de dos años en sus cargos.
Acerca de la Guía de orientaciones para la intervención educativa en situaciones complejas relacionadas con la vida escolar -el "libro rojo-, el mismo contendrá protocolos de actuación a las que deberá enfrentarse la comunidad educativa ante cada situación violenta, sea interna o externa al establecimiento.
Entre otros aspectos, dicha guía detalla formas de actuar ante casos de situaciones de violencia, conflictos en redes sociales, discriminación u hostigamiento por orientación sexual o identidad de género, maltrato infantil, situaciones de violencia de género en el noviazgo, trata de personas, extravío de personas, suicidios o intentos de ellos, sospecha o presencia de armas en la escuela así como la relación con los medios de comunicación y el tratamiento de la información.