La ordenanza antilavado tendrá hoy una jornada de definiciones concretas. Ayer, la comisión de Gobierno del Concejo avanzó con la redacción de un texto unificado para votarlo en el recinto en la sesión de mañana, en el marco de fuertes objeciones del Frente de Todos por las atribuciones y el registro informatizado de las alertas que encienda la agencia de control. Se viene un día “D” que proyectará a Rosario como pionera en el país en controlar el blanqueo de capitales.
La comisión abordó ayer los retoques finales de un texto unificado entre varias fuerzas políticas de cara a su votación en el recinto. Antes, el mensaje del Ejecutivo había pasado por correcciones de los concejales, opiniones de expertos en lavado de activos, la directora de Asuntos Jurídicos del municipio, fiscales del MPA y hasta una reunión con el intendente Pablo Javkin y sus impulsores el lunes pasado.
Es así que en este tramo final se analizó el proyecto de control económico financiero de inversiones, a partir del mensaje del Ejecutivo y las iniciativas presentadas por la concejala María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular; Pedro Salinas y los restantes integrantes de Ciudad Futura, y Martín Rosúa, de la Unión Cívica Radical/Juntos por el Cambio, además de otros ediles de ese interbloque.
Justamente Gigliani, en diálogo con La Capital, expuso sus reparos a votar el proyecto como había quedado redactado hasta ayer. “Vemos que la gran falencia es que las alertas tienen que estar informatizadas y sistematizadas, para que se disparen desde una computadora y no que dependa exclusivamente de un empleado si toma o no la decisión”, advirtió la referente peronista.
Otro punto débil que encontró Gigliani es la composición de la Agencia de Control, sobre la que plantea que los integrantes designados por el Ejecutivo previamente deben atravesar un concurso público de idoneidad sin la necesidad de un acuerdo con el Concejo.
Endeble
“Se les daría a sus integrantes una potestad enorme de decidir si desechan o no las alertas. Si la Agencia depende de un intendente o intendenta y se presenta alguna situación que roza la máxima autoridad, ¿quién dispara las alertas? Debe existir un registro informático donde conste qué actitud se tomó. Incluso puede servir de documento para la Justicia ante una presunción de incumplimiento de los deberes de funcionario público”, razonó Gigliani para resumir su preocupación: “Es una ordenanza muy endeble, en el afán de la unidad quieren avanzar, y así como está es impracticable; los empleados requieren capacitación en la materia. Esto está verde, una cosa es el espíritu y otra el texto escrito”.
Como el debate se instaló entre los ediles, a partir de un pedido del concejal Fabrizio Fiatti, de Arriba Rosario la discusión y el despacho para que vaya al recinto pasó a cuarto intermedio para hoy, a las 13.30.
“Se había redactado un proyecto unificado, que se enviaría a las distintas bancadas, hay un avance importante”, dijo Fiatti aunque admitió que “hay cuestiones finas” de la redacción que aún no se determinaron para luego agregar: “La estructura es la de la ordenanza actual”.
El proyecto unificado (en base a las concordancias de Ciudad Futura, el oficialismo y Juntos por el Cambio) que se intenta llevar al recinto mañana se asienta en tres puntos: crear un sistema económico financiero con un detalle de rubros y requisitos de los trámites que debe solicitar la Municipalidad; un protocolo de operaciones para detectar inconsistencias o incongruencias en los trámites; y la creación de la Agencia de Prevención contra el Lavado de Activos como autoridad de aplicación, compuesta por profesionales especializados.