Las 780 toneladas de restos de maquinarias, durmientes de ferrocarril, piezas metálicas y chatarra en general que están removiendo en la ex Zona Franca de Bolivia pueden llegar a ayudar a la salud pública rosarina. El resultante de la limpieza y venta de esos elementos será destinado a esa área por el municipio en caso de que nadie se presente en un lapso de 90 días para acreditar la titularidad sobre los materiales, que deben sacarse de donde están para alivianar el terreno, ya que ejercen un gran peso en una zona con riesgo de desmoronamiento producto de la bajante pronunciada del río y del incendio de agosto del año pasado.
De las diversas constataciones realizadas por la Municipalidad, el Ente Administrador Puerto Rosario (Enapro), personal de Aduana y la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASPB), resultó que en la zona que ahora es parte de la ciudad hay alrededor de 780 toneladas de chatarra que lleva más de 50 años en el lugar. La empresa que ganó la licitación para removerla y realizar la limpieza ofertó unos 15 mil pesos por tonelada extraída; de ese total, deben restarse los gastos de la limpieza para calcular la ganancia definitiva.
“En nuestro procedimiento, tenemos previsto que el dinero obtenido tras la remoción va a quedar a disposición por 90 días en caso de que alguien acredite su titularidad, a quien se le transferirán los fondos disponibles”, explicó a La Capital el secretario de Gobierno municipal, Gustavo Zignago, para agregar que en caso de que se superen esos 90 días y nadie pueda acreditar la titularidad sobre los elementos, el dinero quedará a disposición de la Municipalidad, y ya tiene destino: la salud pública.
“El monto total quedará definitivamente estipulado cuando se saque la última carga. Se va a medir y pesar todo, y en función de eso la empresa deduce los costos de limpieza e instala un precio definitivo”, explicó.
Lo que dilató la limpieza fue, justamente, la misma chatarra. Cuando Rosario tomó posesión del lugar, la maquinaria y los elementos quedaron en una especie de gris legal ya que, según detallaron desde la Municipalidad, nunca tuvieron un ingreso formal al país. Estaban en territorio boliviano pero sin un registro de entrada a Argentina, por lo cual tuvieron que hacerse algunos trámites que se demoraron por la pandemia.
Una vez superados los trámites, que incluyeron un inventario exhaustivo, la devolución del predio por parte del gobierno de Bolivia a Argentina, la transferencia del material de rezago de la ASPB a la Municipalidad y el traspaso de la administración de los terrenos y la tenencia del terreno a la ciudad, se abrió la licitación para la limpieza del territorio.
De todos modos, Zignago aclaró que “hace más de un año el predio se encuentra afectado por un serio riesgo de desmoronamiento. El espacio es irregular y hay gente que accede, a pesar de que está vallado, y existen situaciones de peligro. No queremos someter ni a personas ni al espacio en sí a un riesgo, que proviene de las consecuencias de la bajante y de la erosión que el río provoca”.
Alivianar el peso
El propio intendente, Pablo Javkin, admitió que la obra en curso “tiene que ver con alivianar” el peso que hoy ejerce esa chatarra sobre el terreno. Tanto las viejas maquinarias como los galpones que se están desmantelando, además del incendio de agosto del año pasado y el abandono del predio, generaron riesgos de derrumbe e inestabilidad. “Va a quedar una obra más costosa, que es la reconstrucción de los muelles. Están los originales y el incendio del año pasado los dañó aún más y también a las estructuras de vías”, agregó el intendente.
El proceso se tramitó por concurso de precios ad referéndum del Concejo, el cual consistió en el desguace de los elementos existentes en el predio (restos de maquinarias, durmientes, elementos metálicos, chatarra en general) y remoción de los galpones (por el riesgo que su peso genera en la estructura del muelle). Una vez reducidos, los elementos se agrupan para que un camión los traslade a una balanza para la verificación de su peso.
Las obras se adjudicaron a la empresa Provincias Unidas SRL, la cual debe abonar la diferencia entre el material retirado y los costos operativos y logísticos de los trabajos. El valor ofertado es de 15 mil pesos por tonelada y el plazo de ejecución es de 60 días, prorrogable en caso de adversidad climática o factores que retrasen los trabajos. La empresa adjudicataria también debe acreditar la disposición final del material retirado conforme a la normativa vigente.
