El Colegio de Psicólogos de Rosario pidió una reunión urgente con la Corte Suprema de Justicia por las sospechas contra profesionales en los casos de padres separados de sus hijos. El pedido de audiencia surgió ante la presentación que realizó hace unas semanas un grupo de abogados penalistas por la presunta confección de informes sobre abuso infantil que tenían similitudes y que tenían como objetivo alejar a padres de sus hijos.

Los profesionales del Derecho plantearon que esos informes psicológicos luego no tenían correlación que lo que decían los menores en Cámara Gesell. Gabriela Durruty, abogada de una de las psicólogas acusadas por sus informes sobre casos de abusos infantil, aclaró este lunes que no recibieron ninguna citación ni notificación de ninguna denuncia.

En declaraciones a LT8, Durruty afirmó que su clienta “judicialmente, no ha recibido ninguna notificación, ni citación ni acceso a ningún tipo de denuncia. En lo personal, está un poco afectada por la trascendencia que tuvo esta denuncia que al parecer se presentó el año pasado, pero cobró notoriedad ahora porque deben haber ampliado la presentación o intentaron involucrar a la Corte en este tema. Estamos reconstruyendo lo ocurrido a partir de los trascendidos periodísticos”.

Denuncias como presión

“Por definición, cuando un espacio se reúne para solicitar algo en forma colectiva es para generar algún tipo de presión. Ese es el objetivo. En este caso, de alguna manera estaría funcionando así, porque también supimos que a la fiscal que estaba designada para investigar hace meses se le sumaron dos fiscales. Es un equipo de tres fiscales para investigar a tres profesionales psicólogas”, subrayó Durruty.

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Durruty expresó que “es necesario hacer algunas aclaraciones” sobre las denuncias sobre los informes psicológicos presuntamente tergiversados para forzar el distanciamiento de padres de hijos. “El contacto entre un progenitor y su hijo o hija, jamás lo establece un profesional de la salud mental. Siempre son decisiones judiciales, necesariamente basadas en diversos análisis y no en una expresión de una sola mirada que en general se hace en base a pedidos del propio tribunal”, expresó.

“Estas acusaciones públicas y el nivel de virulencia que alcanzaron en las redes sociales nos tiene que llamar a todos a la reflexión. A pensar que hablamos de seguridad de niños, niños y adolescentes. El derecho supremo es de los niños y niñas, no de los padres y madres. Este tipo de manifestaciones que se escuchan, lo único que logran es resentir aún más la atención de profesional a las madres, quienes en general son las que más se preocupan por estas cuestiones por parte de profesionales de la salud mental que son indispensables para quienes merecen toda la atención social que son los menores”, subrayó Durruty.

"No hay que simplificar un problema complejo"

Entonces, la abogada se preguntó: “¿Por qué un profesional, que está obligado por la ley a poner en conocimiento de las autoridades cuando descubre la posibilidad de que un menor esté sufriendo un daño grave, tomaría este tipo de decisiones? Se está direccionando, simplificando un problema complejo. Quien se considere víctima de una falsa denuncia, de una mala actuación profesional tiene todo el derecho del mundo a denunciarlo. Acá, quienes tienen que responder son los integrantes del servicio de justicia, tanto del tribunal como de la fiscalía y hasta ahora, eso no ocurrió. Son todos trascendidos periodísticos que están mancillando de una u otra manera la labor de profesionales. Y el mensaje que se escucha desde atrás es: (a los psicólogos) no asistan a este tipo de situaciones porque después te pasan este tipo de cosas”.

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Durruty agregó que “ahora se han presentado las denuncias correspondientes y en todos estos meses, la Unidad Fiscal que se armó al efecto no encontró ningún motivo para citar a las profesionales y, sin embargo, sus nombres siguen circulando, se siguen afirmando cosas por fuera de la investigación. Debería haber alguna reacción del servicio de justicia. Defenderse de una acusación que no tuvo trascendencia es muy difícil y las víctimas terminan siendo los menores y los padres y madres que quieren buscar asistencia técnica, y así la van a encontrar cada vez menos”.

“Estas denuncias no son novedosas. En general, cuando se denuncia por violento o abusador a algún progenitor, es una reacción posible que se termina cuando una investigación avanza, se cierra o se abre, no cuando se queda seis meses dando vuelta y se escuchan las cosas que se están escuchando”, agregó la abogada.