María tenía apenas 12 años cuando tuvo a su bebé en la Maternidad Martin. El niño, nacido en agosto de 2014, fue dado en adopción con la intervención activa de la Defensoría Provincial de Niños, Niñas y Adolescentes, incluso cuando la familia ampliada —tías maternas y abuela— se oponían. Pese a querer conocerlo meses más tarde, María pasó más de un año sin ver a su hijo y sin tener asesoramiento legal, un derecho garantizado por la Convención de los Derechos del Niño. Ahora la joven de 13 años y su mamá, Luisa, exigen la revinculación del bebé con su familia de origen.
El caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), que en abril pasado a través de una resolución exigió al Estado argentino que garantizara la asistencia jurídica e informara sobre el caso, poniendo bajo la lupa la actuación no sólo del Tribunal de Familia Nº 5, sino también de la defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, Analía Colombo. Ahora, en la Legislatura provincial, un pedido de informe del diputado Carlos Del Frade también busca que el gobierno santafesino dé cuenta de las actuaciones de la Defensoría, que intervino en proceso de adopción "en circunstancias poco claras".
En mayo de 2014, la nena de 12 años supo que estaba embarazada —como consecuencia de "juegos sexuales" con otros dos menores— y comenzó a ser asistida en la Maternidad Martin. Allí, atendida por un equipo interdisciplinario, empezó a sugerirse la posibilidad de dar al niño en adopción y en el mismo efector "les hacen firmar un escrito en que tanto la nena como su mamá dan al bebé en adopción, lo que ya es una irregularidad en sí misma porque un bebé por nacer no puede darse en adopción", contó Carmen Maidagan, abogada de Luisa.
Es por eso que la Dirección de Niñez de la provincia rechaza ese documento, y es así que María y su mamá llegan a la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes que participa en el proceso judicializando el caso y pidiendo la intervención del Registro Unico de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos (Ruaga), una medida que se toma incluso cuando la familia ampliada del bebé por nacer, es decir la abuela de María y sus tías maternas, dejó en claro su oposición a la adopción y su disposición a hacerse cargo del niño.
En agosto de 2014, cuando Mariano finalmente nace, el Tribunal de Familia Nº 5 autoriza a una pareja a internarse con la nena en la maternidad y llevarse el bebé una vez que es dado de alta. "Eso es autorizado por la jueza a través de un decreto y sin presentar fundamentos algunos", destacó la letrada.
Vulnerada."Por una cuestión cultural o de clase existe el preconcepto de que el nene que iba a estar mejor si era adoptado, pero eso no es lo que marca la ley y deben agotarse las instancias para que los niños crezcan en su familia biológica", planteó la abogada, y recalcó que en este caso "a María no se le dio el espacio de asumir lo que pasaba y a definir libremente".
Tal es así que apabullada por la situación y sin asesoramiento jurídico, en diciembre de 2014 y a cuatro meses de haber nacido su bebé, María es evaluada por el médico forense que determina que atraviesa "un bloqueo emocional", y comienza a manifestar que quiere ver a su hijo.
Recién allí Luisa y María piden un representante legal para la niña, revocan todos los consentimientos dados y reclaman ante la Justicia la revinculación con el niño, que actualmente tiene un año y nueve meses.
Revinculación. "Lo primero que pedimos es un encuentro de María con su hijo y un régimen de visitas", recordó Maidagan, y detalló que ante la demora se elevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para "garantizar que se conozcan hasta tanto la Justicia local resolviera la cuestión de fondo".
En abril pasado, la Cidh determinó que el Estado argentino debía garantizar la asistencia jurídica para María y la revinculación con su hijo. El Tribunal de Familia Nº 5 dio lugar a los encuentros y actualmente son semanales, aunque el bebé sigue estando con la familia. "Ese es un tema, porque aún no se resolvió en carácter de qué el niño está con los adoptantes, del mismo modo que le fue entregado en un principio sin haber pedido una guarda preadoptiva", indicó Maidagan sobre las desprolijidades del caso.
La defensora. La abogada no sólo criticó la actuación del Tribunal, sino que además puso bajo la lupa la actuación de la defensora de Niños, Niñas y Adolescentes. "El organismo debe actuar ante el pedido de un niño y no puede hacerlo ante el pedido de instituciones, como fue la Maternidad Martin; y en todo caso, debería haber intervenido velando por los derechos de María en lugar de judicializar el trámite", se quejó la letrada.
Ahora el diputado por el Frente Social y Popular presentó un pedido de informe donde plantea que la defensoría deberá responder sobre la resolución del 12 de abril pasado de la Cidh y, específicamente, sobre si la defensora propició la designación de un abogado para María —tal como lo establecen la Convención Americana, la Convención de los Derechos del Niño y la ley de protección integral nacional—, por qué no acompañó el pedido de la niña de conocer a su hijo y cuáles fueron los fundamentos para no apoyar el pedido de la familia ampliada de hacerse cargo del niño.
