Un presunto esquema de vaciamiento empresario, evasión fiscal sistémica y fraude judicial pone en el ojo de la tormenta al sector de la seguridad privada de Rosario. De acuerdo a lo que consta en denuncias que engrosan expedientes públicos, la Justicia investiga la presunta utilización de una serie de firmas (CASI, Vulcano, Blindaje) para eludir deudas millonarias con la Arca (ex Afip) y replicar un método de "insolvencia inducida".

El foco del conflicto hoy se centra en el concurso de la empresa Blindaje Seguridad SRL (Expte. 581/2025), que tramita ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 2da. Nominación, a cargo de la Dra. Mónica Klebcar.

A pesar de estar en concurso preventivo, la Justicia autorizó a la firma a operar con una cuenta corriente en el Banco Municipal de Rosario (BMR). Sin embargo, la denuncia señala que la empresa estaría drenando todo el flujo de caja mediante cobros de cheques por ventanilla.

Esta práctica impide la trazabilidad ya que, al retirar efectivo, se oculta el destino real del dinero y se perjudica a los acreedores. Además, viola la Ley Antievasión, situación que según consta en el expediente se denunció sin que hasta el momento la jueza o la síndica (C.P. Vanina Muro) hayan tomado medidas de control.

Se sospecha que el efectivo iría a Paraguay para alimentar a la sociedad Blindaje Paraguay S.A., una empresa vinculada a Guillermo Lima, el presunto director del esquema de vaciamiento que está bajo la lupa judicial.

Mientras CASI Seguridad SRL enfrentaba recientemente nueve allanamientos por evasión y Vulcano desaparecía por deudas fiscales, el grupo ya puso en marcha su nueva estructura: INSIGNIA S.A., la firma que pretendería heredar los clientes y contratos de las empresas vaciadas.