La oposición en el Concejo denunciará hoy el accionar "discrecional y arbitrario" de dos áreas municipales vinculadas con la entrega de permisos de edificación en la ciudad. Las reparticiones que quedaron bajo la lupa son las de Obras Particulares y Asuntos Jurídicos, ante varias "situaciones dudosas y actos administrativos irregulares". Las objeciones giran en torno a caducidades que no se decretaron a determinados proyectos inmobiliarios en Rosario, lo que generó desigualdad en el trato con algunos empresarios y beneficios económicos para la construcción en altura.
"Vamos a presentar una batería de proyectos, pedidos de informes, citaciones y otras propuestas relacionadas con irregularidades que denunciaron los vecinos. Las investigamos y notamos que salpican a dos dependencias clave del municipio y ameritan una respuesta", anunció la concejala Fernanda Gigliani.
La edila del bloque Iniciativa Popular objetó el accionar de las direcciones de Obras Particulares y de Asuntos Jurídicos, dependientes de la Secretaría de Gobierno municipal.
"Han tenido resoluciones administrativas muy controvertidas relacionadas con la aplicación de los cambios que se aprobaron en la regulación urbanística de la ciudad", precisó Gigliani.
Según la edila opositora, las anomalías surgieron cuando el Ejecutivo municipal tuvo que empezar a instrumentar las modificaciones en el Código Urbano que regulan la construcción en altura del área central y el primer anillo, sancionadas en 2008, el segundo anillo de 2012 y los cordones perimetrales de 2013.
Gigliani aportó un decreto del ex intendente Miguel Lifschitz (1.453/08) que estableció un plazo de seis meses de vigencia para los permisos de edificación. Vencido ese tiempo, la autorización municipal caduca.
"Sin embargo después se emitieron circulares aclaratorias, resoluciones de menor rango que modificaron ese plazo, beneficiando a algunos y perjudicando a otros", remarcó.
Para la concejala Gigliani, "las circulares y resoluciones internas deben limitarse a cuestiones interpretativas u operativas en la aplicación de la normativa".
"Este tipo de potestades discrecionales —agregó—atentan muchas veces contra el principio constitucional de igualdad ante la ley y alientan prácticas reprochables como el tráfico de influencias".
En concreto, lo que ocurrió, según Gigliani es que "algunos emprendimientos inmobiliarios lograron ser construidos con la vieja norma ,que no era tan restrictiva para la construcción en altura, cuando los plazos ya estaban vencidos".
"Esto genera —advirtió Gigliani— desigualdad ante la norma, inequidades, privilegios para algunos y abre las puertas para juicios contra la Municipalidad por su accionar".
En ese marco, la edila planteó que "en la ciudad hay permisos de obra que dejaron de ser un trámite para comenzar a construir y se han convertido en "bienes de cambio" en si mismos, que se negocian en un mercado informal que ha sido apañado por la administración municipal".
Al respecto, hoy ingresarán por mesa de entradas del Palacio Vasallo siete pedidos de informes al Ejecutivo sobre anomalías en permisos de edificación (ver aparte).
También propondrá que acudan al Concejo los directores de Obras Particulares y Asuntos Jurídicos para "aclarar situaciones dudosas y corregir actos administrativos irregulares".
El pedido de interpelación apunta también a "restablecer condiciones de igualdad ciudadana en la relación que se tiene con el municipio y cambiar efectivamente el funcionamiento de las áreas cuestionadas".