Los abogados Víctor Corvalán y Evelyn Quain, defensores de José Fernández Chemes, presentaron una denuncia formal ante la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe, en la que acusan al fiscal José Luis Caterina —y en menor medida a su colega Marisol Fabbro— de inconducta funcional grave, que incluyen una oferta de beneficios condicionada a testimoniar contra Armando Traferri y la desaparición de celulares utilizados como pruebas.

Fernández Chemes es imputado en expedientes vinculados a Leonardo Peiti, empresario del rubro del juego que fue condenado mediante procedimiento abreviado. La defensa sostiene que Chemes se limitó a ejercer su profesión como abogado de Peiti en asuntos civiles y comerciales, sin participación alguna en las conductas ilícitas que se le atribuyen.

El detonante de la presentación fue un correo electrónico enviado el 3 de febrero de 2026 por el propio fiscal Caterina al estudio de los defensores, en el que se ofrecía a Fernández Chemes la posibilidad de acogerse a la figura del arrepentido a cambio de no ser incluido en una nueva supuesta imputación por asociación ilícita. Lo que llamó la atención de los abogados de Chemes es que este no está imputado en la causa que investiga a Traferri, ni el senador en el proceso de Chemes.

Sucede que, legalmente, el acuerdo de colaboración solo puede celebrarse con quien aparece como autor o partícipe del delito y se encuentra sometido a proceso en el CUIJ en cuestión. Esto significa que Chemes no podría ser beneficiado con esa figura en la causa que investiga a Traferri, dado que no está imputado en ella. Salvo, señalan los defensores, que el fiscal —al enunciar en sus correos que "restan practicarse imputativas"— estuviera anticipando una posible imputación futura contra Chemes, lo que para los abogados constituiría una "subversión del orden procesal" y convertiría el procesamiento en un "castigo" por no haber aceptado la oferta de convertirse en arrepentido.

En ese contexto, Corvalán y Quain consideraron que el pedido se trató de un intento de coacción contra Chemes, por lo que rechazaron la oferta, argumentando que su cliente no tiene información que aportar ni en favor ni en contra del senador, y que la propuesta vulneraba el derecho al silencio y la presunción de inocencia. "Con la oferta de que colabore y se arrepienta, sumada a la clara referencia a una nueva imputación, están avasallando el límite normativo que protege la situación del imputado", señalaron en su denuncia los letrados.

A las irregularidades señaladas se suma el modo en que fue formulada la propuesta por los fiscales. En su primer correo, Caterina exigió a la defensa que respondiera en un plazo perentorio de 72 horas e impuso como condición la estricta confidencialidad sobre el ofrecimiento, advirtiendo que dar a conocer su contenido a otros imputados podría "entorpecer o frustrar cuestiones probatorias" en las que eventualmente se apoyara el aporte del colaborador.

Para los abogados de Chemes, ambas circunstancias agravan la irregularidad funcional del fiscal: "Sinceramente nunca habíamos sido exhortados a cuidar celosamente el éxito de la tarea investigativa de fiscales en contra de otros imputados", señalaron en su presentación, a la vez que calificaron el plazo perentorio como una actitud coercitiva.

Celulares desaparecidos

En su presentación, los abogados de Chemes también denunciaron otra grave irregularidad por parte de los fiscales: la desaparición de dos teléfonos iPhone secuestrados en el domicilio y el estudio de Fernández Chemes el 1° de diciembre de 2020. Esos dispositivos —que consideran clave para demostrar la inocencia de su cliente— fueron “sustraídos” del depósito del MPA, según confirmaron los propios fiscales.

La defensa sostiene que reclamó reiteradamente su devolución o al menos la posibilidad de controlar su apertura forense, sin obtener respuesta satisfactoria, y que recién en septiembre de 2024 el propio Caterina reconoció por escrito que los teléfonos no estaban en el depósito. Además, reclaman que la pericia realizada sobre los aparatos ocurrió sin notificación a la defensa, lo que rompió la cadena de custodia y convertiría la prueba en ilegal e inconstitucional. La ausencia de estos dispositivos tornaría imposible la posibilidad de cotejar si la información agregada al expediente como evidencia fue realmente extraída de los teléfonos, sostienen los letrados.

Esta denuncia se suma a una larga lista de irregularidades planteadas en el marco de la investigación sobre Traferri, quien desde el comienzo del proceso en su contra sostiene que las acusaciones son una operación política que tuvo su origen en el entonces ministro de Seguridad Marcelo Fabián Sain, actualmente imputado en una causa por espionaje ilegal. El actual equipo de fiscales, encabezado por Caterina, tomó el caso luego de que los anteriores, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, fueran apartados en medio de un escándalo, pero el proceso sigue dando que hablar y promete tener más capítulos.