La ciudad

Denuncian acoso laboral en el Ministerio de Trabajo provincial

Una inspectora cargó contra sus superiores y la Secretaría de Derechos Humanos dictaminó a su favor, pero aún no la reincorporan.

Miércoles 08 de Mayo de 2019

María José A. R. es ingeniera y especialista en Higiene y Seguridad. Desde 2008, y por concurso, es inspectora en el Ministerio de Trabajo de la provincia. Allí escuchó a sus superiores decir que ella "se embarazaba para tener licencia" y advertirles a sus compañeros varones que, por esa causa, ellos iban a "tener que trabajar más". Las persecuciones se extendieron tres años hasta que no dio más. Bajo tratamiento y prescripción médica, la profesional de 41 años se vio obligada a tomar licencia. Dio un paso más y radicó la denuncia en la Defensoría del Pueblo y en la Secretaría de Derechos Humanos. En abril obtuvo un dictamen a su favor que recomendó no sólo "evitar el contacto laboral con las personas denunciadas", sino además mantener "el lugar y condiciones de trabajo". Pese a eso, revictimizada una y otra vez y ante el incumplimiento del Ministerio de Trabajo, exige sin respuesta volver a su puesto.

"Se me va la vida en esto", admite María José, que tardó largo tiempo en darse cuenta que estaba siendo víctima de violencia y acoso laboral. "Comenzaron con una persecución y maltrato a aislarme y tratarme despectivamente", dice pausadamente y relata como de a poco, fundamentalmente con el embarazo de su tercer hijo, vio más claramente lo que le pasaba.

Fue en ese momento que tuvo que escuchar cómo sus superiores hacían consideraciones sobre su maternidad. "Decían que me embarazaba para «tomar licencia y no trabajar», les decían a los varones que iban a trabajar más porque yo no iba y hasta llegaron a preguntar si «tenía un burro», porque tenía que tomar licencia para la lactancia", relata aún con angustia.

Una de las embestidas más fuertes que sufrió fue cuando se le cuestionó su trabajo como ingeniera civil a contraturno de su labor como inspectora, pese a ser dos tareas con desempeños diferentes. "Esa fue la excusa para abrirme un expediente por incompatibilidad, lo que aún se está tramitando", señala.

La situación se fue agudizando. "Comencé a atemorizarme cuando cada vez era peor; mis compañeros salían como siempre en parejas y a mí me mandaban a inspeccionar sola, y un director llegó a sacar fotografías de mi auto en la puerta de una fábrica metalúrgica", dice al recordar el hecho que marcó "un límite" que no pudo soportar.

Denuncias

A fines del año pasado dio el primer paso y dejó asentada la denuncia en la Defensoría del Pueblo, donde hizo la primera presentación por violencia laboral. "Era un momento terrible, me descompuse en varias oportunidades y sentía que me ahorcaban; y fue allí que en tratamiento psiquiátrico y psicológico me indicaron la licencia, porque se me está yendo la vida en esto", admite y reconoce estar "muy contenida para poder llevar el proceso adelante".

Esa primera presentación terminó en un pedido de "recomposición de la situación laboral" que nunca llegó. Es más, se dio todo lo contrario, terminó con un descargo en su contra donde autoridades del propio Ministerio de Trabajo "eran jueces y parte", recalca.

Ya con la aplicación del Protocolo de Actuación para la Prevención y Atención de Situaciones de Violencia de Género en el Ambito Laboral, que impulsó el gobernador Miguel Lifschitz en enero pasado, insistió en la Secretaría de Derechos Humanos, ámbito de "recepción y trámite de las denuncias".

Allí se presentó el 15 de marzo y ratificó sus dichos; y el 22 del mismo mes, con las firmas del coordinador Fabricio Trossero, y el mismo secretario de Derechos Humanos, Marcelo Trucco, se emitió un dictamen con "recomendaciones" para ser cumplidas a la brevedad.

La resolución no sólo habla de "evitar el contacto laboral de la denunciante con las personas denunciadas", sino de que eso se lleve adelante "manteniendo el lugar y las condiciones laborales de María José A. R., sin que esto perjudique su legajo".

El escrito apunta también a "continuar con la tramitación del expediente administrativo iniciado en la Defensoría del Pueblo" e indica que "se le dé la mayor celeridad a las tramitaciones".

Condición de género

Pese a que el dictamen tiene más de un mes, la mujer no sólo exige volver a trabajar, sino que reclama volver a su puesto y se niega a ser trasladada. "Eso es lo que ellos buscan y quieren desde que todo esto empezó", indica.

También el proceso la llevó a pensar su situación en ese espacio laboral y su condición de género. "Al principio no pensé que fuera por mi condición de mujer. Como ingeniera siempre trabajé con hombres, pero jamás me pasó una cosa así; primero pensé que sólo querían mi cargo, pero después me di cuenta de que además les jodía que fuera mujer", subraya.

Además, señala que allí "todos los jefes son hombres, directores, subdirectores y coordinador. Son cinco varones, y de los 16 inspectores, apenas tres somos mujeres".

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