La ciudad

Déficit habitacional: ordenan desalojar a 3 mil personas en Empalme

Así lo dispuso la jueza de Circuito Nº 5, Stella Maris Bertune. La medida se realizará en febrero en Cullen y Sorrento. Convocan a las autoridades para buscar una salida alternativa.

Miércoles 18 de Noviembre de 2015

Una jueza civil fijó para mediados de febrero el desalojo de unas 3 mil personas que viven en tierras ocupadas de Cullen y Sorrento, un sector de doce hectáreas de Empalme Graneros que está en litigio desde hace más de veinte años. La medida había sido ordenada en 2005 pero a pesar de distintas intervenciones estatales no se arribó a una solución alternativa. Mientras tanto, el grupo de inversores privados que adquirió las tierras en 1984 reclama la devolución o el pago mediante expropiación, un proceso que tenía luz verde del Concejo pero no llegó a tratarse en la Legislatura. Por el enorme impacto social de la decisión, la magistrada convocó a una reunión previa a las autoridades que asuman el 10 de diciembre a fin de encontrar una salida menos drástica.

La decisión de la jueza de Circuito Nº 5, Stella Maris Bertune, le puso nueva fecha a una medida que ya había sido ordenada en julio de 2005 por el juez que la precedió en el juzgado, Hugo Escalante. Por entonces, el magistrado dispuso el desalojo de las familias que viven en el predio delimitado por avenida Sorrento, Cullen, Schweitzer y el arroyo Ludueña. Una zona comprendida dentro de la mancha de inundabilidad de la ciudad, pero que en los últimos años vio reducido ese riesgo con las obras de contención sobre el arroyo Ludueña.

Con sentencia de desalojo firme desde hace diez años, y a medida que fracasaban otras instancias, la compañía propietaria reclamó varias veces que se libre la orden de deshabitar el predio. El mes pasado lo pidió una vez más. Y el 10 de noviembre la jueza emitió una resolución en la que fijó la fecha de lanzamiento del desalojo para el 15 de febrero de 2016, a las 9 de la mañana. "Existe una sentencia a la que hay que darle cumplimiento, porque de lo contrario sería una denegación de Justicia. Pero los jueces, a la vez, debemos tener en cuenta el impacto en la comunidad", dijo ayer la magistrada al conocerse la medida.

La jueza planteó que éste no es un proceso común sino que requiere "un protocolo especial por tratarse de un desalojo que afecta a una multitud de personas", entre adultos y niños.

El escrito judicial refleja la tensión del caso entre el derecho a la propiedad privada y el derecho humano a la vivienda, consagrado en la Constitución Nacional y en pactos internacionales. Por todo esto, y en base a "elementales razones de humanidad y sentido común", Bertune convocó a una audiencia previa entre los tres poderes del Estado para buscar una salida alternativa.

La reunión se fijó para el 15 de diciembre. La jueza citó al futuro gobernador Miguel Lifschitz y a la intendenta Mónica Fein o los representantes que ellos designen, a los titulares de la Secretaría de Hábitat provincial, del Servicio Público de la Vivienda municipal, al presidente del Concejo Municipal, a los responsables de Control Urbano y Defensa Civil y al defensor general de la provincia, Gabriel Ganón. Lo que surja de ese encuentro puede postergar o frenar el desalojo.

El expediente. La historia del barrio salpicado de casas de chapa y material que creció bajo amenaza de desalojo está contenida en un ajado expediente que lleva 26 años en trámite. Se inició en 1989 con una demanda de la Compañía de Tierras Santafesinas S.A., una sociedad comercial que según surge del boletín oficial se dedica a operaciones inmobiliarias, urbanización de inmuebles y actividades financieras como entrega de préstamos o aporte de capitales a empresas y sociedades.

La compañía adquirió las 12 hectáreas en 1984 cuando en el lugar ya residían familias que se dedicaban al cirujeo. "Los primeros habitantes tenían una chatarrería. Empezaron a formar parejas y a ganar terrenos y con la inmigración interna la gente fue ocupando ese lugar, que es inundable aunque están planificadas obras de infraestructura", contó la abogada y ex concejala cavallerista Analía Carrió, quien representó en forma gratuita a los vecinos durante once años. "Se puede visualizar una especulación inmobiliaria. Pero una cosa es comprar una zona inundable con pocas familias, otra llegar a un extremo en el que hablamos sobre la situación de 3 mil personas, sino más", opinó.

A lo largo del litigio se ordenaron censos, se solicitaron medidas para resguardar a los niños involucrados, se realizó una valuación de la tierra que ya se considera desactualizada y se realizaron numerosas audiencias para arribar a una solución con representantes de los gobiernos provincial, municipal y nacional. En 2009, el entonces intendente Lifschitz gestionó la declaración de "interés público" del terreno. Algo que el Concejo plasmó al año siguiente en la ordenanza Nº 8.697, que declaró las tierras sujetas a expropiación, a fin de "regularizar la situación de las familias" asentadas en una suerte de polígono de 120.126 metros.

Esa ordenanza debió remitirse a la Legislatura provincial para que apruebe el proceso de expropiación, "Tuvimos que dilucidar qué pasó con la ordenanza. La Municipalidad informó que se había ingresado por mesa de entradas de la Legislatura en Rosario, pero nunca llegó a Santa Fe y no tuvo estado parlamentario", recordó Carrió.

En una reunión de 2010 las familias ofrecieron pagar por sus viviendas en función de sus ingresos y algunas ofrecieron que se les descontara un porcentaje de la asignación familiar. "Se había hecho una propuesta de armar un fideicomiso con aporte de la gente, que recaudara el Banco Municipal y mientras tanto se hiciera la expropiación, pero todo se vino abajo por una cuestión de burocracia legislativa. Esta gente se ha quedado sola", remarcó.

De esas gestiones también participó el concejal electo Juan Monteverde (Ciudad Futura): "Empezamos a trabajar en el barrio en 2009 cuando ya estaba firme la sentencia de desalojo. Se abrió un espacio en el distrito Noroeste para avanzar en la expropiación y urbanización. Le hicimos una propuesta al gobierno de (Hermes) Binner para ir por delante del reclamo del privado, pero nunca recibimos respuesta", indicó.

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