La ciudad

"De nada sirve repetir los derechos del niño si faltan programas claros"

Dolores Aguirre Guarrochena nació en San Lorenzo, se recibió de abogada en la UCA y en 2010 ingresó al Poder Judicial como jueza penal de Tostado. Desde 2011 es jueza de Menores de Rosario.

Sábado 09 de Noviembre de 2019

“ Hace 30 años que niñas, niños y adolescentes se convirtieron en sujetos de derechos, y de no derechos. Que el 53 por ciento de esa población en la Argentina sea pobre, y Santa Fe no es la excepción, pone en tensión la vigencia formal y real de la Convención de los Derechos del Niño, porque aunque repitamos machaconamente esos derechos, en la práctica hay articulaciones del Estado que no existen, o se superponen, no se trazan objetivos claros y hay una gran proporción de chicos desprotegidos”, afirma la jueza de Menores, Dolores Aguirre Guarrochena.

Los que llegan a su juzgado son “adolescentes y jóvenes, varones, pobres, con atraso escolar y empleos precarios, con dificultades para acceder a servicios de salud y de salud mental”, puntualiza y aclara: “Esos no son los únicos que delinquen, pero sí los que llegan a la Justicia y son justamente los que tienen mayores derechos vulnerados; allí la Convención hace agua”.

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La magistrada también apunta a las deudas pendientes, como la ley de responsabilidad penal juvenil, que aún es un decreto de la dictadura.

   —¿Qué significó el cambio de paradigma que marcó la Convención?

   —La Convención dio lugar a nuevos conceptos, un giro copernicano en la forma de visualizar a la infancia y adolescencia, no sólo fijando a los niños como sujetos de derechos, sino además marcando la vigencia simultánea de esos derechos; porque lo que sucedía antes era que para proteger determinado derecho se vulneraba otro, así se protegía con el encierro. Desde entonces hay conceptos hacia los que hay que ir, no llegamos, pero son un horizonte. Así y todo, hay que marcar la vigencia formal de estos derechos de los que hablamos, porque aún hay que aumentar los esfuerzos para que justamente deje de ser meramente una formalidad.

   —Más de uno de cada dos niños son pobres.

   —Las condiciones materiales de existencia son condicionantes. El niño que en su primera infancia no accede a salud, agua potable y vivienda digna, tiene determinada por esas condiciones su evolución madurativa y también su futuro.

   —¿Cómo se traduce esa realidad en el juzgado?    

— El derecho penal es selectivo. En Santa Fe, como en América latina, selecciona a ciertas poblaciones de estratos económicos más desfavorecidos. El grueso de quienes transitan los juzgados de menores son varones, pobres, con atraso escolar y empleos precarios, con dificultades para acceder a servicios de salud y sobre todo para el abordaje del consumo de sustancias, así como para acceder a la salud en lo relativo a la salud mental. No son sólo esos los que comenten delitos, pero sí son los que llegan a la Justicia, los que mayor cantidad de derechos vulnerados tienen, y acá es donde la Convención hace agua. Porque cuanto más se ponga el acento en la promoción de los derechos sociales, tanto menos vamos a trabajar los juzgados juveniles.

   —¿Qué evaluación hace de esas políticas?

   —De nada sirve repetir machaconamente los derechos de los niños cuando en las prácticas las articulaciones no existen, o se superponen las intervenciones, y me hago cargo como parte del Estado. Hay que articular mejor, pero fundamentalmente faltan programas claros en las políticas públicas, con objetivos mensurables. Son ciencias sociales y dos más dos no es cuatro, pero hay parámetros que pueden permitir saber si estamos más lejos o no del objetivo: índices de salud, escolaridad, viviendas; porque las estadísticas no son la realidad, pero se le acercan. Esta indefinición desgasta, se corre en la urgencia permanente y el sistema va detrás del problema, y aquí es donde hay que plantarse y replantear el punto de partida. Para eso son centrales las áreas de educación, la Educación Sexual Integral, hábitat y todo todos los organismos que permitan hacer los barrios lugares vivibles.

   —¿Cuál es el impacto de la crisis socioeconómica y el giro punitivista de los últimos años?

   —Esos procesos influyeron particularmente en las infancias y adolescencias. La avanzada neopunitivista y las políticas neoliberales van de la mano con estrategias de demonización de la infancia y la adolescencia pobre, son no políticas que van acompañadas de un discurso meritocrático y punitivista que cala fuerte en medios, redes sociales y en la opinión pública, y todos tenemos responsabilidad. Un informe de Unicef de 2008 sobre el empleo de términos peyorativos en los medios de comunicación, analizando 11 medios escritos nacionales y 11 provinciales, indica que en educación y salud se alcanza el 3 por ciento, en el caso de niños con derechos sociales vulnerados es del 30 por ciento, y en los jóvenes acusados de delitos crece al 65 por ciento. Eso construye al otro como enemigo, hace que los adultos que somos los que tenemos que protegerlos, los criminalizamos y entonces; ¿quién los protege? Hay una gran proporción de chicos desprotegidos, los números son contundentes y los funcionarios, a 30 años de la Convención, debemos preguntarnos si vamos bien o mal, y cuáles son las prioridades en el Estado santafesino.

   —¿Hay un mea culpa del Poder Judicial, pensando en que son el estamento del Estado que aparece más lejano de los territorios?

   —Creo que debemos pensar en una Justicia más cercana y vinculada a la construcción de la paz. El Poder Judicial en materia de niñez y adolescencia debería además contar con herramientas legales más modernas, y no evado responsabilidades, pero tenemos una ley de responsabilidad penal juvenil que es un decreto de la dictadura y el Código Procesal de Menores de la provincia, nació viejo. Incluso el Código de Convivencia que la provincia oficializó el año pasado no hizo más que disminuir la edad de 18 a 16 años, es decir que avanza con esa mirada punitivista, que entra en tensión con el resto del sistema.

   —Y ante momentos críticos, la baja de la imputabilidad siempre aparece como la única respuesta

   —El tema copa la parada ante cualquier intento de reforma. Soy contraria a eso, aunque sí creo que hay que dar respuesta en los casos de menores de 16 que cometen delitos graves. La respuesta no puede ser penal, pero no puede no haber respuesta, que es lo que sucede hoy. Este gran tema impide que se avance en un debate democrático sobre la responsabilidad penal juvenil y el hecho que continuemos con un decreto de la dictadura muestra la deuda que aún tiene la democracia argentina con la niñez y la adolescencia.

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