Con la intención de alcanzar un acuerdo que ponga fin a las tensiones desatadas entre la provincia y el gobierno nacional, Miguel Lifschitz llegará esta tarde a la Casa Rosada donde se reunirá con el presidente Mauricio Macri. El encuentro comenzó a gestarse el jueves frente a la necesidad de limar asperezas y de "resolver mano a mano" la firma del acuerdo de cooperación que permitirá el arribo de efectivos de Prefectura y Gendarmería al territorio santafesino. El gobernador aprovechará también para abordar temas relacionados con las arcas públicas.
La cumbre llega después de una semana de acusaciones cruzadas que sólo parecieron aplacarse el sábado, cuando ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, lanzó el Plan Nacional de Hábitat en la localidad de Rufino y compartió palco con Lifschitz.
En ese marco, el gobernador se mostró optimista respecto a la posibilidad de llegar a un acuerdo por el regreso de las fuerzas federales a la provincia. El ministro del Interior le devolvió la gentileza. "Nosotros tenemos la mejor predisposición. Queremos ayudar y contribuir desde la Nación a traer un poco de paz a los santafesinos", sostuvo en la entrevista que publicó ayer La Capital.
Atrás parecían haber quedado las jornadas del jueves y el viernes pasado, cuando la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, acusó al gobernador Miguel Lifschitz de no tener "vocación para depurar la policía de Santa Fe". Doce horas después, el gobernador citó a una conferencia de prensa donde denunció intentos de "desestabilización" contra su gestión fogoneados por los servicios de inteligencia a nivel nacional (ver aparte).
Los chisporroteos se dispararon a partir de dos cláusulas del borrador del convenio que elaboró el Ministerio de Seguridad de la Nación. Uno de los puntos establece que Nación y provincia "se comprometen en el plazo de tres meses a realizar una evaluación pormenorizada de la situación de seguridad en Santa Fe y efectuar recomendaciones" para el operativo conjunto.
Y se impulsa la realización de auditarías en comisarías y una evaluación del área de Asuntos Internos y de Análisis e Investigación Criminal, revisando en forma aleatoria las investigaciones realizadas por el personal policial y sus resultados.
La previa. El encuentro entre los máximos funcionarios del gobierno nacional y provincial está pautado para las 17, en el despacho presidencial. El diputado provincial del PRO, Federico Angelini, mostró su expectativa de poder "llegar a un entendimiento con la provincia".
No obstante destacó que el regreso de los efectivos federales debe producirse en el marco de "un plan integral que permita ir al hueso del problema" y apuntó que otra cosa "sería maquillaje".
Para el legislador, "después de los últimos tres desembarcos de Prefectura y Gendarmería, la situación de la provincia volvió al mismo lugar".
Por eso, señaló, "se plantea una propuesta integral que permita avanzar en cambios estructurales que se necesitan en algunas instituciones de la provincia".
De la elaboración de este "plan de trabajo", sostuvo, dependerá cuántos efectivos se destinan a las principales ciudades de la provincia. Y estimó que "tiene que ser un desembarco importante", contrastando la publicación de ayer de medios nacionales que hablan de apenas 350 uniformados destinados a Santa Fe.
Otros temas. Fuentes del gobierno provincial no arriesgaron pronósticos sobre lo que sucederá esta tarde. Pero indicaron que el objetivo es resolver el tema "mano a mano" y destacaron que no sólo se espera plantear cuestiones relacionadas al arribo de efectivos de las fuerzas de seguridad, sino también se economía.
Por ejemplo, la necesidad de que Nación avale a la provincia a tomar préstamos por 500 millones de dólares para realizar obra pública.
Según recordaron, la autorización de la legislatura provincial al proyecto tiene ya 60 días y aún se está a la espera del visto bueno del gobierno nacional.
Además se pedirá avanzar sobre plan de pagos del fallo de la corte en el juicio que la provincia entabló por los fondos de coparticipación para la Ansés y la Administración Federal de Ingresos Públicos. El máximo tribunal ordenó en diciembre pasado la devolución de fondos por unos 25 mil millones de pesos.
