Veinte días después de los incidentes que dejó la marcha del Encuentro Nacional de Mujeres que deliberó en la ciudad, el Concejo fracasó en su intento por pronunciarse sobre lo ocurrido. El PRO y el radical Jorge Boasso buscaron avanzar hacia la reparación de los edificios dañados durante la marcha e indagaron sobre los operativos preventivos efectuados por el municipio. Pero el resto del cuerpo, mediante abstenciones y rechazos no le dio los votos para que la Intendencia responda a esos interrogantes. Ese grupo de ediles calificó de "misógino" el texto y apuntó a la "violenta represión de las fuerzas de seguridad".
Lo ocurrido ayer en el recinto fue el corolario de largas y estériles discusiones en el Palacio Vasallo. El debate había comenzado la semana después del evento que congregó a unas 70 mil mujeres en Rosario.
Aquellos primeros días, con las roturas y pintadas aún frescas en una docena de edificios de patrimonio histórico, los ediles postergaron un pronunciamiento institucional.
Ocurrió que había al menos cinco proyectos presentados que iban desde el repudio a la "represión policial" y la crítica a la intención de algunos sectores de "invisibilizar" la profundidad de los debates de género a favor de los desmanes; hasta los que objetaban los incidentes, querían interpelar a funcionarios municipales y buscaban que el Estado local se hiciera cargo de reparar los daños.
Pasaron los días, el tema perdió peso en la discusión pública de la ciudad. Y ninguno de los proyectos lograba sumar el mínimo de voluntades para avanzar.
Se llegó hasta el martes pasado, cuando en la comisión de Gobierno se aprobó un doble pedido de informes impulsado por el PRO y Boasso, con chances de ser sancionado ayer.
Por un lado se solicitaba al Ejecutivo que informe sobre "el monto total del gasto asignado para la reparación de los inmuebles, plazas, edificios históricos, comercios que fueron dañados y vandalizados en el marco del Encuentro de Mujeres".
El texto indagaba sobre la composición de las partidas municipales y respecto a la implementación del operativo de higiene y reparación en coordinación con los vecinos damnificados, para lo cual se proponía crear un registro de afectados.
En paralelo preguntaba sobre las medidas de seguridad que el municipio había coordinado con la provincia y los recursos dispuestos para ese fin, dejando de lado la citación de funcionarios al cuerpo.
Gran parte del interbloque oficialista propuso devolver el expediente a comisión ante la falta de consenso. Pero los impulsores del texto con despacho se negaron argumentando, entre otras razones, que perdía vigencia la discusión.
Varios ediles se abstuvieron, otros votaron por devolver el texto a comisión y seis votaron a favor del proyecto con despacho. Y fueron más lo que rechazaron el texto por "misógino" y no condenar la "represión".
