Créditos abusivos y un reclamo que le abre la puerta a una demanda colectiva

El reclamo de una jubilada que demandó a un banco por otorgarle un préstamo engañoso se convirtió en el punto de partida para que otros damnificados accionen contra la entidad en forma colectiva. A la mujer le otorgaron un crédito personal en 2017 y desde entonces comenzó a padecer descuentos que afectan casi la mitad de su haber mínimo. Una fiscal consideró que en el caso se violaron los derechos del consumidor y, ante la presunción de que podría tratarse de una práctica reiterada, un juez permitió que el planteo se transforme en una acción conjunta. Lo que abre la puerta a nuevas presentaciones.

   La resolución fue adoptada por el juez Civil y Comercial Nº 14, Marcelo Quaglia. El magistrado hizo lugar a un pedido de la fiscal civil María Laura Martínez para que una demanda individual contra el Banco Piano se transforme en una acción colectiva. Esto permitirá que eventuales damnificados participen del caso en forma conjunta. El reclamo aspira a que dejen de aplicarse descuentos superiores al tope legal del 40 por ciento que afectan el haber mínimo de la demandante.

   La presentación fue realizada por una clienta del Banco Piano que a fines de 2018 se acercó a un servicio de asistencia gratuito de la Facultad de Derecho de la UNR. Se trata, precisamente, de una clínica jurídica creada para asistir a adultos mayores que sufren prácticas abusivas de los bancos, como cobros por importes que no se notifican o comisiones no advertidas que afectan sus ingresos. En la demanda, planteó que en 2017 le otorgaron un crédito personal sin notificarla del impacto que esa gestión tendría en su haber. Solicitó una reparación personal y que se ponga fin a los descuentos.

   Como parte del trámite legal del caso, el juez le dio intervención a la fiscalía extrapenal a cargo de Martínez para que dictamine sobre la situación. Se trata de un área impulsada por la Procuración General de la Corte para atender a problemáticas como la cuestión ambiental o la defensa del consumidor. “Le solicitamos al juez la transformación de esta acción individual en una acción colectiva porque entendemos que muchos jubilados pueden estar en esta situación y constituir un colectivo de personas con sus derechos afectados”, explicó la fiscal.

   El juez hizo lugar al pedido. Esto significa que los eventuales damnificados podrán inscribirse en un registro y litigar como frente activo. Si la medida queda firme, porque el banco aún puede apelar, en una próxima audiencia se fijarán los modos de convocar públicamente a quienes se consideren afectados por la práctica bancaria.

   En su dictamen, Martínez consideró que existió por parte del banco un proceder contrario a la ley de defensa del consumidor. La fiscal advirtió que se omitió el deber de brindar información certera sobre los alcances del crédito: “Las personas mayores muchas veces no saben que contrajeron algo desventajoso. La información tiene que ser adecuada y veraz. Se le debe explicar a un jubilado, en términos que pueda entender, cuáles son las consecuencias”, indicó.

   Pero además advirtió que el descuento sobre los haberes de la demandante superó el tope del 40% para la afectación del haber jubilatorio establecido por la ley 24.241. “Lo que se pretende con la acción colectiva es el cese de este tipo de prácticas —amplió Martínez—. Que se interrumpan los descuentos por fuera del tope legal, porque es una conducta lesiva de los derechos de los consumidores, y también la devolución de lo que fue retenido en infracción a ese techo”.