Muchas las más de 2 mil propiedades catalogadas en el programa municipal de valor patrimonial, sufren un peligroso estado de deterioro y hasta desprendimiento de material de sus fachadas. Pese a que la Intendencia ya aportó el 50 por ciento de las restauraciones en más de 60 inmuebles antiguos, sus propietarios vuelven a reclamar ayuda al Estado. "Hay una desidia en el mantenimiento, aun con casos de intimaciones no se resuelven y provocan que haya que seguir intimando", advirtió la coordinadora de Rehabilitación Mariel Santos. Ayer, varios trozos de revoque de un balcón ubicado en Laprida al 1100 se desplomaron sobre la vereda.
El primer catálogo data de 2001, luego en 2008, con las reformas a la normativa, se reconfiguró el actual listado de casas y edificios de valor patrimonial. Y, a partir de allí, la cantidad de inmuebles no ha variado. Lo que sí encendió el alerta es el avance en el deterioro en varios casos.
El último caso grave corresponde a la caída de material de uno de los balcones de una antigua casona de Laprida 1116, donde se apreciaba que el bajobalcón había sido revocado. Acudió personal de Defensa Civil y se le dio intervención a la Secretaría de Obras Particulares, aunque los trozos que se precipitaron no fueron de magnitud.
Desde 2004, el municipio ha celebrado unos 60 convenios para la restauración de inmuebles en riego a través del fondo de preservación. El Estado aportó la mitad de las tareas de rehabilitación en casonas de particulares al igual que otros proyectos de mayor envergadura como clubes o instituciones intermedias.
"Hay que aclarar que tanto el Reglamento de Edificación municipal como el Código Civil de la Nación identifican como responsables de los daños a los propietarios. Por eso, que el municipio acompañe con asesoramiento técnico gratuito o asista con subsidios no libera a los dueños de la obligación de mantenerlos", remarcó Santos.
Pero la realidad contrasta con la responsabilidad, y más aún con el efecto del cambio climático en el patrimonio urbano rosarino. Soportes de molduras y de hierro para barandas, cornisas, ladrillos de balcones, revoques, parapetos (estructuras de contención) de los frentes, bovedillas formadas por perfiles y ladrillos, y desprendimientos de azoteas. Todo compone un combo de elementos de diversos materiales que están en altura y que por la falta de mantenimiento y el desagaste han caído en altura de diversas fachadas de preservación patrimonial.
"Las lluvias y los vientos de las últimas tormentas han sido tremendos, estas casas antiguas tienen puntos críticos, como el ingreso de agua. Las filtraciones en ménsulas y piezas premoldeadas empiezan a oxidar el hierro, el calor lo dilata, estallan los revoques y quedan partes sueltas", graficó la funcionaria.
Justamente, la coordinadora del programa subrayó la confluencia de varios factores: lluvias, viento fuerte y recurrente, y falta de mantenimiento. A de haber recibido subsidios, Santos reveló que, en muchos casos, los referentes de las casonas solicitan asistencia nuevamente al municipio. "Después de una década y con nuevos deterioros no podemos funcionar como un consorcio de mantenimiento", graficó.
Además, donde figuran peligros de desprendimiento, los propietarios han sido intimados por el Ejecutivo sin respuesta favorable. Un ejemplo son los PH (casas de pasillo en propiedad horizontal) donde los titulares que no están sobre el frente de vereda se resisten a invertir en mantenimiento pese a que son solidariamente responsables.
Regular. "El estado de preservación en líneas generales es regular", se lamentó Santos. Y cuando se la consultó por el control que ejerce la Intendencia sobre el listado de los inmuebles históricos, indicó que no se puede hacer una fiscalización exhaustiva "porque resulta casi inviable por los niveles de inseguridad que la gente abra sus casas para verificar desagües, ver la terraza o la cornisa".
En otros casos, se hacen arreglos parciales lo que no libera de responsabilidad ante la Justicia a los propietarios. Desde 2008 para "descatalogar" un edificio se requiere del visto bueno del Concejo Municipal, bajo la figura de declarar la ruina del inmueble, con la aprobación del Instituto de Mecánica Aplicada y Estructuras (Imae). Si se implosiona, la nueva edificación debe someterse a los límites de alturas establecido por normativa municipal.