Las consultas ligadas a las prestaciones del turismo estudiantil crecieron este año un 80 por ciento respecto de 2022. El dato se desprende de los registros de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor donde los padres recurrieron en busca de evitar problemas con sus hijos, los pasajeros. Los datos incluyen la requisitoria respecto de las salidas de la escuela primaria y la secundaria.

El fenómeno se presentó desde el comienzo del año, cuando hubo indexaciones en los precios de los viajes a Villa Carlos Paz que se realizan al final de la escuela primaria y, luego, con el correr de los meses, a partir de la falta de cumplimiento de los contratos de diferentes contingentes.

Respecto del primero de los casos, en marzo pasado, con una convocatoria conjunta en el Monumento a la Bandera y en otros espacios emblemáticos del Gran Rosario, como la esquina de los bancos en San Lorenzo, o la plazas centrales de Funes, Villa Gobernador Gálvez, Villa Constitución, Arroyo Seco o Alvear, grupos de familias con hijos en sexto grado lograron juntar miles de firmas para que el Ministerio de Turismo de la Nación pusiera en marcha mecanismos que permitieran regular los precios de los viajes de egresados a Carlos Paz.

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Los encuentros formaron parte de distintas acciones para hacer público el rechazo a los aumentos desmedidos fijados por agencias de turismo para los viajes estudiantiles. De hecho, madres de los preadolescentes llevaron esta misma preocupación a la Secretaría de Comercio de la provincia y al Concejo Municipal.

Según señalaron, los presupuestos para viajar el año próximo se incrementaron un 300 por ciento respecto al pasado, por encima de cualquier especulación inflacionaria.

En cuanto a la otra situación que disparó las consultas en Defensa del Consumidor vale citar lo ocurrido esta semana. El pasado jueves, alumnos, madres y padres de los colegios rosarinos Nuestra Señora de Pompeya y San Miguel Arcángel, además de Adoratrices de la capital provincial, se concentraron en las instalaciones de la agencia Travel Rock, de Córdoba al 1700, para exigir una respuesta concreta a la fecha definitiva del viaje de egresados de unos 90 estudiantes rumbo a San Carlos de Bariloche.

Luego de tres horas de deliberaciones, momentos de tensión y bronca, se firmó un acuerdo para que los egresados puedan finalmente salir este sábado.

Según denunció a La Capital un grupo de representantes, el contingente debió haber partido vía aérea desde el aeropuerto de Rosario con destino a esta localidad rionegrina en las últimas horas, pero una serie de “nuevas excusas” y dilaciones provocó la cuarta postergación de la salida.

“Siempre es bueno recordar que existe la ley de turismo estudiantil (25.599), que alcanza a todos los contratos ligados a los viajes de estudio (que integran la currícula) y de egresados (de fin de ciclo, tanto en séptimo grado a Villa Carlos Paz, o en quinto años a Bariloche, Mendoza e incluso el exterior)”, dijo Antonio Salinas, titular de la Oficina del Consumidor.

Cada dos meses  

El funcionario reveló que “cada dos meses” se reciben denuncias por presuntos incumplimientos de los contratos. “Es importante que los padres y madres, antes de firmar un contrato para un servicio así, pasen por los organismos públicos como la Oficina de Defensa del Consumidor para chequear que toda la cuestión esté ajustada a derecho”.

“El contrato que se firma no es un documento que inventa la empresa, es un modelo que estipula la ley nacional. El proceso debería estar muy cuidado, y los problemas no deberían ocurrir porque las empresas tienen que estar autorizadas por el Ministerio de Turismo de la Nación”, agregó.

Salinas añadió que, a pesar del marco regulatorio, se siguen radicando denuncias por incumplimientos. “Hace poco tuvimos consultas por empresas que ofrecen viajes a tres años. Eso también constituye una ilegalidad porque cada dos años las firmas deben certificar esa autorización. Si yo contrato a una empresa para un viaje a tres años, y hoy está autorizada nada me asegura que cuando llegue el momento del viaje habrá validado su autorización”, precisó.

“Hay que tomar recaudos. También hay una tranquilidad. La ley estipula que si contratamos con una empresa autorizada, tenemos una suerte de garantía que se denomina Cuota Cero. Se calcula el 6 por ciento del paquete básico y es lo primero que se paga. Es una garantía de que el viaje se va a realizar en cualquier caso”, sostuvo.

Salinas recordó que “antes de esta ley, ocurría que se abonaba durante dos años y, cuando llegaba el momento, la empresa se había fundido o desaparecido. La Cuota Cero garantiza que los chicos viajen. Esa cuota va a un fideicomiso nacional que sirve para que ese contingente cumpla con su viaje de estudios. Es importante que los padres sepan que cuentan con esta especie de seguro. Pero lo primero a determinar es que la compañía esté autorizada”.

"Esta situación de que haya contingentes que no puedan viajar hace mucho que no se da. Siempre se denuncian servicios que no se cumplen durante las excursiones o en los hoteles. Cualquier incumplimiento se puede reclamar y exigir resarcimiento. Nos ampara la ley de turismo estudiantil y la de defensa del consumidor. Es importante monitorear todo el proceso”, cerró.