Jueves 10 de Noviembre de 2022
Que el servicio de luz quede suspendido por horas o que los artefactos eléctricos terminen quemados por una oscilación violenta en los niveles de tensión, como ya sucedió en la Facultad de Medicina de la UNR. Que el tanque de agua comience a perder de madrugada para terminar inundando la terraza y provoque filtraciones en las viviendas. Que se interrumpa el servicio de gas y la red de media tensión permanezca perdiendo por horas, generando un peligro latente en cualquier vereda, inspecciones en los domicilios, a veces arreglos imposibles de pagar para los dueños de las viviendas y hasta demoras de meses en la reconexión del servicio. Como ante cada crisis, cada vez más los robos de caños, cables y partes de los artefactos que están en la vía pública o en viviendas se multiplican y generan más de un dolor de cabeza, y de bolsillo, para los usuarios y las prestadoras de los servicios.
Entre la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Aguas Santafesinas SA (Assa) y Litoral Gas la afirmación de que en los últimos meses se incrementaron fuertemente los robos es unánime: desde cables y transformadores, en el caso de los artefactos de la red eléctrica, hasta caños de cobre y medidores en el caso del gas y de cuanto elemento metálico tenga en la vía pública Assa.
De hecho, solo la EPE en lo que va de 2022 registró y denunció ante la Justicia 191 casos de robos de transformadores, lo que implica un costo de reposición superior a los 230 mil dólares. A eso le sumó 67 hechos solo en Rosario de robos de conductor de neutro en subestaciones de electricidad, entre junio de 2021 y septiembre .
Artefactos quemados y fogonazos
Justamente, este último es un daño que provoca la "inestabilización" del sistema y las fluctuaciones de tensión descontroladas que vienen provocando roturas en domicilios y que ocasionó en la Facultad de Medicina, en septiembre del año pasado, un caso paradigmático: provocó pérdidas millonarias por la quema de equipamiento tanto en el edificio central como en las áreas de Enfermería, Fonoaudiología, Medicina Legal y Psiquiatría, donde la tensión alcanzó de golpe los 400 voltios.
"Ese es un cable que es todo de cobre, que pesa entre un kilo y un kilo y medio y que por esa razón se lo roban", indicaron desde la empresa energética, que busca reforzar la seguridad de las subestaciones para evitar esa situación.
En la EPE no solo admiten el daño que provocan las fluctuaciones de la tensión causadas por el robo de esos elementos, sino que además indican que "una vez que se producen, hay una demora en encontrar dónde está el desperfecto, y eso también tiene sus complicaciones".
Sin embargo, ese no es el único escenario posible de robo. Este mismo martes por la noche, en el Pasaje Guaraní y Suipacha, en el barrio de Pichincha, pasaron más de 15 horas sin luz cuando tras un fogonazo los vecinos de un edificio vieron cómo un grupo de personas arrancaba un manojo de cables.
"Sentimos una explosión y en la puerta del edificio, vimos gente tironeando cables y ruidos en la obra en construcción que está al lado, y después nos enteramos de que se habían robado los cables de las tres fases y que eran varios los edificios y departamentos sin luz", contó a La Capital el militante LGTBIQ+ Esteban Paulón, que es vecino de la cuadra.
El tanque sin caño
Alicia vive en Arroyito y ese sábado a la noche no fue la primera vez que escucharon ruido sobre el techo. Sin embargo, la intensidad de los movimientos que llegaron a notar hicieron que su esposo subiera a averiguar qué pasaba y llegara ver cómo arrancaban un caño metálico que conecta el tanque de agua de su vivienda. Se lo llevaron y el agua del tanque inundó la terraza.
"Si te ponés a pensar más que nada fue el daño, el problema de tener la terraza inundada y filtrando, todo un desastre", contó la mujer, que recién el martes, tres días más tarde, logró conseguir un plomero para reparar lo roto, volver a tener agua y enterarse de lo que pasaba.
"Ahí nos enteramos que en el barrio había muchas casas donde había pasado lo mismo, porque se roban el caño ese de los tanques (que en las casas más antiguas aún es metálico), que no sacan mucho, pero no lo venían haciendo en la zona", señaló.
Además de los caños domiciliarios, una reposición que corre por cuenta y cargo de los vecinos en todos los casos, el gerente de Relaciones Institucionales de Assa, Guillermo Lanfranco, indicó que en el último tiempo los robos alcanzan "a todos los elementos metálicos que hay en la vía pública", pero afirmó que sobre todo "se incrementaron" los hurtos de bocas de registro (redondas del centro de calzada), tapas de bocas de tormenta y rejas (en las esquinas, a la altura del cordón).
El robo de los medidores sigue siendo un problema, aunque se mantiene estable, y afirmó que en el caso de los elementos que están en la calle "a veces se concentran en un punto y se llevan varias tapas en una noche", lo mismo sucede con los medidores domiciliarios.
Así, ahora los reemplazos de las tapas de metal se están colocando de cemento y las rejas de las bocas de tormenta ya no son metálicas, sino de madera. Mientras que en las nuevas instalaciones de medidores, se cementan los cajones donde quedan colocados para evitar que se lo lleven cortando la cañería. "Hasta ahora ha dado resultado", afirmó.
El gas y el riesgo
La posibilidad de cementar los medidores, como decidió hacer Assa, es impensada en el caso del gas, ya que los medidores deben estar accesibles rápidamente en caso de una pérdida. El servicio registró solo en Rosario en lo que va de este año arriba de 500 robos e incluso con una aceleración de los hechos en los últimos dos meses.
"Llegamos a tener entre cinco y hasta diez denuncias por día", explicó desde el área de Relaciones Institucionales de Litoral Gas, Andrés Romagnoli, y detalló que "lo que sucede habitualmente es que se roban un tramo muy corto de caño de cobre que deja sobre la vereda una pérdida de gas de media presión, que puede llegar a tener más de un kilo y medio de gas, y que de acumularse es un peligro y afecta a la seguridad pública".
Lo que reconocen desde la empresa es que, ante el hecho, la normativa obliga a cortar el servicio e inspeccionar las instalaciones domiciliarias y recién allí avanzar en la reconexión. Así, a partir de los robos más de una vez se generan demoras y la obligación del vecino de desembolsar una enorme cantidad de dinero para afrontar las obras de adecuación del sistema.
Un caso que circuló en redes sociales en la última semana fue el del escritor Marcelo Britos, que desde hace siete meses se encuentra sin servicio de gas por un robo. La imagen de un balde de agua para bañarse se viralizó y dio cuenta de la situación de muchos que, además de quedarse sin gas, tuvieron que pagar varios miles para poder reponer el servicio.
De hecho, solo el caño de bronce de apenas unos centímetros y el regulador cuestan algo más de 10 mil pesos, a lo que debe adicionarse la mano de obra del gasista matriculado.
Desde Litoral Gas tienen sus explicaciones y una es la "estricta normativa" que no permite la reinstalación sin antes no aprobar "pruebas de hermeticidad que debe llevar adelante frente al inspector un gasista en todos los domicilios. Lo cierto es que para llegar hasta allí los vecinos sortean obstáculos, afrontan gastos y padecen varios dolores de cabeza.