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Crean un programa de asistencia a las víctimas de usurpaciones narco

Lo aprobó el Concejo. En 2019 hubo 100 denuncias de familias que perdieron sus viviendas bajo amenazas de bandas narcocriminales.

Lunes 29 de Junio de 2020

El Concejo Municipal aprobó en su última sesión la creación de un programa de asistencia a las familias que fueron víctimas de usurpaciones por parte de bandas narcocriminales, fenómeno que viene creciendo año a año en algunas zonas de la ciudad y que sólo durante el año pasado derivó en unas 100 denuncias al sistema de emergencias 911.

El proyecto, presentado por el edil de Cambiemos Roy López Molina y aprobada por unanimidad por todos los bloques, surgió luego de tomar contacto con varios testimonios de víctimas de esta modalidad delictiva, que debieron abandonar sus viviendas porque grupos criminales los amenazaron y despojaron de lo que muchos veces representa el esfuerzo de toda una vida.

Las intimidaciones se dan de varias maneras. Comienzan con advertencias verbales o notas en la puerta de las casas, y luego pueden escalar a incendios intencionales en los frentes y hasta balaceras. El objetivo es tomar las propiedades como patrimonio del líder narco de turno o establecer un punto de venta de droga en el lugar aplicando la ley del más fuerte.

"Cuando estas personas concurren a hacer la denuncia, se encuentran con que no conocen cómo poner en marcha a la Justicia. Además, tienen la angustia y el temor de tener que volver al mismo barrio en el que sufrieron la amenaza", explicó el concejal. Por ello, aseguró que estos casos terminan "habitualmente con el vecino tirando la toalla, por no saber enfrentar los largos y difíciles procesos y por temor a convivir con los que lo amedrentaron".

En base a su experiencia acompañando a damnificados, López Molina dijo que advirtió "mucho miedo y desconocimiento en las víctimas". Por ejemplo, apuntó que a veces el usurpado no tiene escritura, pero sí tiene el boleto de venta y otra documentación que demuestra que compró la vivienda de buena fe. Por eso, cree erróneamente que le resultará complejo demostrar la validez de su propiedad, y termina abandonando el lugar.

En tanto, aseguró que esta metodología criminal, que excede a la pelea privada entre dos vecinos, muestra una pendiente positiva desde el 2015 a la fecha, registrando un pico de 100 denuncias en 2019. De los registros de la Justicia pueden focalizarse una mayor cantidad de procesos iniciados en zonas muy específicas de la periferia, con dos puntos muy "calientes" en Nuevo Alberdi y barrio Plata. Incluso hay bandas investigadas en distintas causas que utilizaban esta modalidad específica.

Apoyo

El programa creado funcionará en el marco de la Dirección de Atención y Empoderamiento de la Víctima y consistirá en un acompañamiento y asesoramiento legal al ciudadano que haya sufrido una usurpación de este tipo. El denunciante acercará todas las pruebas y documentales que tenga, y luego el área se constituirá en el proceso civil o penal iniciado como "amigo del tribunal" (amicus curiae), en una especie de puente entre la víctima y la Justicia.

"Bajo esa figura, acercará pruebas y opiniones, y acompañará el proceso de manera tal que la víctima no quede en soledad frente a un proceso judicial que aún sigue siendo lejano para muchas personas, y peleándose contra bandas que en su territorio tienen un control y poder de fuego alto", detalló el también vicepresidente primero del Concejo.

La idea es que, además, la dirección trabaje junto a provincia y Nación para asistir desde distintos organismos a las víctimas durante el transcurso de las actuaciones judiciales destinadas a la recuperación de su vivienda, tanto en las necesidades habitacionales, como alimentarias y sanitarias. También, que pueda solicitar medidas de prevención policial frente a amenazas y protección de sus bienes.

La atención será totalmente gratuita e involucrará a profesionales del municipio, pero también (y para salvar la discusión de los gastos que pueda generar) se incorporó un sistema de convenios con la universidad pública y privada, el Colegio de Abogados y ONGs para que se pueda proveer a profesionales especializados en problema penal.

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