Con 7.200 denuncias en Rosario, la Unidad de Delitos Sexuales trabaja al borde del colapso

Fiscales marcan la escasez de recursos ante el caudal de presentaciones y la complejidad de las situaciones a investigar
5 de octubre 2021 · 05:00hs

Alrededor del 12% de las denuncias que en Rosario ingresan al Ministerio Público de la Acusación (MPA) son por violencia de género y abuso sexual. En números absolutos, solo en el primer semestre ingresaron a la Unidad de Delitos Sexuales (incluye el Area de Violencia de Género) más de 7.200 presentaciones. Más de mil fueron por delitos contra la integridad sexual, que tienen como víctimas a niñas, niños y adolescentes y otras 6.200 por agresiones en contexto de violencia de género. La última cifra significa un promedio de 35 presentaciones diarias que debe tramitar un equipo de tres fiscales, cuatro secretarios de gestión y menos de dos empleados por cada fiscal a cargo. No hay brigadas específicas ni organismos que vayan al territorio y evalúen el contexto en que se dan los hechos, apenas hay dos trabajadores sociales para todo el MPA y tres psicólogos (otros tres tienen contratos eventuales).

La Comisaría de la Mujer, una herramienta fundamental para las investigaciones, tiene hoy los mismos recursos que cuando se creó y no cuenta siquiera con un móvil propio. Con ese escenario, los fiscales que deben dar respuesta afirman que la situación es de "colapso" y se preguntan si ante la agudización de la violencia y la complejidad de los casos, la respuesta puede ser solo penal.

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Carla Cerliani, a cargo de Unidad Fiscal, enmarca la situación en "un proceso histórico de los últimos seis años que reivindica y anima a denunciar los hechos en contexto de violencia de género y no solo de violencia de pareja y doméstica, sino incluidos los delitos contra la integridad sexual" y afirma: "Esto lleva a que más se animen a denunciar, pero eso requiere un andamiaje para poder responder".

Justamente lo que señalan tanto Cerliani como la fiscal del Area de Violencia de Género, Luciana Vallarella, es que ese andamiaje funciona hoy al borde del colapso, lo que lleva a la revictimización de quienes allí buscan ayuda.

El planteo de la escasez de recursos no es una novedad y de hecho fue uno de los reclamos que alzaron en el contexto del 8 de Marzo. Sin embargo, a ese señalamiento suman otros que no solo involucran al Poder Judicial, sino que también interpelan al resto de los organismos del Estado y apuntan sobre todo a la "integralidad" de las respuestas que requieren los casos.

¿Una respuesta solo penal?

"Lo que advertimos es que a la hora de buscar una respuesta a estas situaciones pareciera que todo conduce a solicitar una intervención del Estado solo desde el derecho penal", señaló Cerliani, que si bien reconoció que gran parte de la lucha histórica de los feminismos fue justamente romper con la idea que consideró este tipo de violencias como hechos privados que debían resolverse dentro de ese ámbito, dejó en claro que "no siempre las respuestas que hayan en en derecho penal van a ser satisfactorias o van a resolver el conflicto".

Ciertamente abrir espacios de denuncia busca garantizar el acceso de mujeres, niñas, niños y adolescentes a la Justicia, sin embargo, aclara que "la falta de otras políticas y acompañamiento en el proceso, hace que muchos queden en el camino". Es más, señala que "otra situación que se ve es que muchas mujeres vienen en busca de una respuesta a la Justicia, pero dejan en claro que lo que buscan no siempre es que el agresor, que en muchos casos es el padre de sus hijos, sea privado de su libertad".

Lo que apunta la fiscal "es la falta de estrategias por fuera del ámbito penal" (algo que compete al resto de los organismos del Estado) para gestionar y acompañar la situación de miles de mujeres, lo que además hace tambalear al sistema que debe investigar delitos y hacerlo con escasez de recursos.

Vallarella remarcó la necesidad de "fortalecer los abordajes previos a las denuncias en orden de destrabar los conflictos que en muchos muchos casos requieren de otro tipo de respuestas".

Y señaló que un ejemplo claro de eso "son las situaciones de desobediencia que se dan por parte de los agresores, donde en la mayoría de los casos se trata de hombres que lo que quieren es ver a sus hijos" y agregó: "Ahí la necesidad no es penal sino la de un ordenamiento del régimen de visitas para evitar que esas situaciones terminen escalando en el nivel de violencia".

La complejidad de la investigación

La pandemia no ayudó a ese escenario crítico. En el caso de los delitos contra la integridad sexual, una demanda que atienden seis fiscales, cayeron abruptamente durante el 2020 ante el cierre de las escuelas y organismos del Estado donde se dan las denuncias o señales de alerta de los adultos y se dispararon en este primer semestre. "Todo se ha complejizado y los números para este año son muy altos", dijo Cerliani y afirmó que los tiempos de respuesta ante la denuncias que habitualmente no pasaban de los cinco meses "actualmente están totalmente excedidos de esos plazos".

"Ya de por sí hablamos que el más del 85 por ciento de las víctimas de delitos contra la integridad sexual son niñas, niños y adolescentes donde el agresor es un miembro de la familia: padre, tío, abuelo o padrastro. Acompasar los tiempos de las investigaciones con los de las víctimas, hacer investigación del contexto, tener en cuenta el territorio y la red social, tener médicos especializados, todo eso hace a complejidad", explicó y puntualizó que no existen brigadas específicas que puedan si quiera tomar testimonio en el territorio, lo mismo que sucede en los casos de violencia de género.

Incluso en las investigaciones de producción y distribución de pornografía infantil, que en muchos casos implica un despliegue tecnológico importante, la unidad no cuenta con personal específico capacitado y toda la prueba debe ser procesada y analizada por empleados y fiscales.

"La policía no está formada en perspectiva género y es difícil contar con ellos como un recurso para abordar situaciones complejas, donde las partes se conocen y hay un vínculos previos", sumó Vallarella, ya que en género el escenario es el mismo.

"A diferencia de los delitos contra la propiedad, las investigaciones se hacen completas con personal de la fiscalía, las entrevistas, los pedidos de informe, la evaluación de las pruebas", detalló sobre en funcionamiento de un área donde actualmente hay tres fiscales de los cuatro designados, ya que la falta de una ley de subrogancia hace que ante las licencias, por maternidad o enfermedad, no existan reemplazos, sino que la carga del trabajo se distribuye sobre el resto de los funcionarios.

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