La ciudad

Clausuran por tercera vez una pensión trucha en pleno centro

Está en San Martín al 1600, fue usurpada y, paradójicamente, una de las "okupas" recibe dinero de la Municipalidad para pagar el alquiler.

Sábado 11 de Agosto de 2018

La Municipalidad clausuró por tercera vez en lo que va del año una conflictiva pensión trucha en el centro de la ciudad y presentó una denuncia penal para que se investiguen las reiteradas violaciones de la misma. Lo insólito es que el inmueble está usurpado desde comienzos de año y entre los "okupas" se cuenta una mujer que percibe una ayuda económica de la propia Municipalidad, que la asistió porque estaba en riesgo social pero al parecer no chequeó que junto a sus cinco hijos vive en pésimas condiciones de higiene en el mismo lugar en el que ayer los inspectores volvieron a colocar una faja en la puerta.

Se trata de una vieja casona de planta alta ubicada en San Martín 1665, a metros de la turísticamente promocionada avenida Pellegrini, un reducto que ya se hizo "famoso" entre los vecinos del barrio por los graves problemas de convivencia que se han generado con sus moradores.

Debajo de esa propiedad funcionaba un salón de fiestas que hace tres semanas cerró sus puertas y dejó a varias personas que habían señado eventos sin poder realizarlos. Entre las causas del cierre, una ex empleada apuntó a los problemas que tenían con sus vecinos del piso superior.

El ex socio de los emprendedores del salón "Hasta el Cielo", Ezequiel Lowden, le contó a La Capital que esa pensión fue administrada en sus comienzos por él y sus antiguos compañeros de negocios en el salón de fiestas, Emiliano Dutra y Sandra Vallejos, quienes lo desvincularon luego de que él sufrió un hecho de inseguridad en 2017.

Tiempo después, la pensión cambió sus anteriores inquilinos, todos policías, por los nuevos; entre los que se cuenta Laura Moyano, la mujer con cinco hijos que asiste económicamente la Municipalidad porque le usurparon a los tiros su vivienda en la zona sur.

De acuerdo a lo que narraron los vecinos, la pensión está usurpada desde varios meses. Ayer, los inspectores municipales constataron que los baños no tienen agua potable, la propiedad no tiene gas y tampoco medidores de energía. En esas condiciones vive la mujer que requirió ayuda social al municipio y otras diez personas.

A Tribunales

Según explicó ayer el secretario de Control y Convivencia del municipio, Guillermo Turrin, "ante las reiteradas violaciones de clausura la Municipalidad se presenta en la justicia para que sea un juez el que accione contra quien está realizando una actividad comercial que no está permitida".

Es así que ya radicaron la denuncia en el ámbito penal para que la justicia de Faltas intervenga ante las reiteradas violaciones.

La última inspección del municipio sobre la conflictiva pensión fue ayer, a las 9.30, y los inspectores constataron que en el inmueble se estaba desarrollando "actividad comercial bajo el rubro pensión" y que no se había acatado otra clausura que le habían impuesto el 15 de enero.

En el acta de inspección quedó asentado que el responsable de la actividad es José Vallejos, el mismo apellido de la mujer que administraba el salón de fiestas que funcionaba en la planta baja.

Los inspectores verificaron además que la puerta de ingreso no tiene cerradura, que en el lugar hay 10 habitaciones y dos baños que no tienen agua potable, que el inmueble no cuenta con suministro de gas y que tiene una cocina. En el momento en el que se hicieron presentes, en el lugar había siete personas.

Según detalló Turrin, el recientemente reformado Código de Faltas provincial impone una pena de arresto de uno a quince días a quien viole una clausura. En este caso, sería la tercera vez que no se acata la disposición municipal en la pensión de San Martín 1665, por lo que ya iniciaron las acciones penales correspondientes.

Hay un agravante: la pensión fue usurpada y sus ocupantes ya anticiparon que no se irán del lugar.

Ayer, el dueño de la propiedad, Mario Cirulnyk, se mostró sumamente preocupado por la situación. "Es tremendo lo que estoy pasando. Tengo 71 años, trabajé toda mi vida y ahora no puedo recuperar mi propiedad", le dijo a La Capital (ver aparte) al tiempo que adelantó que accionará legalmente contra los usurpadores.

Mientras tanto, los problemas de convivencia crecen y los vecinos aseguran que el lugar se convirtió en "un aguantadero". Es más, la incursión de la policía en el lugar se ha vuelto moneda corriente.

Todo; a metros de la renovada avenida Pellegrini, un corredor gastronómico en auge.

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