El anuncio del gobierno nacional de que el 18 de mayo se realizará el demorado censo de población y vivienda comienza a generar polémica. Sucede que en el cuestionario que deberán responder los ciudadanos y ciudadanas se incluyó un espacio para el número de documento nacional de identidad (DNI) del encuestado. En otras palabras, la información no será anónima. La licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario, Beatriz Busaniche, dijo que esta modificación en el cuestionario implicará que el censo “dejará de contener información estadísticas para convertirse en una gran base de datos personales con información sensible”.
Busaniche es referente de la Fundación Vía Libre y docente especializada en derechos humanos mediados por tecnologías digitales. Es una de las voces más autorizadas sobre cuestiones que tienen que ver con el tráfico de información y datos a través de internet.
La docente universitaria describió la principal objeción que se plantea en el procedimiento: “Nosotros tenemos una crítica muy puntual sobre el cambio que se implementó, que es toda una novedad en el próximo censo. Y es que se consigne en el formulario el DNI del encuestado. Esa modificación se diseñó durante la gestión de Jorge Todesca en 2019, cuando se planeaba el censo para el 2020, que al final se suspendió por la pandemia”, señaló.
En declaraciones al programa "Todos en La Ocho", Busaniche dijo que “ahora se anunció que el censo se llevará adelante el 18 de mayo próximo. Ese trabajo recolecta información sobre el conjunto de población. No importa el dato específico de cada encuestado. Se valora la cuestión colectiva y la estadística poblacional. Por eso, se pregunta en el formulario censal por cuestiones como orientación de género, situación laboral, educativa, condiciones de la propia vivienda, las personas con las que se convive en una casa, etc, etc. El censo tiene decenas de preguntas que pretenden trazar un mapa de cómo vivimos, no sólo cuántos somos”.
También consideró que esa información que se entrega “es muy íntima. El censo siempre fue anónimo. Así fue la última vez, en octubre de 2010. Nunca se pidió el DNI. Esto (consignar el DNI de los encuestados) es una novedad que cambia radicalmente la naturaleza del censo. Pasa de ser información estadística poblacional a ser una gran base de datos personal con un montón de información sensible.
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“Por lo tanto, el marco normativo que regula la base de datos nominada en Argentina es otra. No es la ley que supervisa el funcionamiento del Indec. Sería la ley de protección de datos personales, la 25326. Esa legislación establece condiciones que el censo no cumple. Como primera medida, la prohibición taxativa de recolectar datos sensibles como la pertenencia étnica, la orientación de género, cuestiones vinculadas con la salud”, precisó.
En sentido, Busaniche recalcó que “todos esos son datos sensibles por el potencial de afectación que tiene la intimidad de una persona si esos datos son usados de manera maliciosa. El problema es poner el DNI en el censo. El inconveniente no es mucho más grande que eso. Estamos discutiendo eso desde 2019 y Marcos Lavagna (titular del Indec), a pesar de las gestiones de varias organizaciones, decidió seguir adelante con esto. En noviembre desde el Indec hicieron saber que iban a revertir esto, pero ahora volvieron a la carga”, subrayó.