La ciudad

Buscan un auxilio social a los pensionistas

Viernes 18 de Mayo de 2018

La Municipalidad acudirá hoy a Fiscalía para ponerse a disposición de la Justicia y buscar una solución acordada para el problema social que esconde la clausura de nueve inmuebles donde funcionaban pensiones no habilitadas allanadas el martes pasado. En tal sentido, el secretario de Control y Convivencia, Guillermo Turrin, recordó que todos los inmuebles habían sido denunciados ante el Tribunal de Faltas provincial por irregularidades y violación de clausura. Todas responden al mismo titular: el enigmático Antonio G.; denunciado hace una década por irregularidades con las pensiones.

Si bien las autoridades municipales se desayunaron por la prensa del procedimiento a cargo del fiscal Matías Edery, los inmuebles allanados coinciden con lo actuado a nivel administrativo por el Ejecutivo en razón a faltas a la seguridad e higiene y a las habilitaciones y violaciones de clausura.

En función de esta problemática, Turrin adelantó a LaCapital que hoy se presentará en Fiscalía. En los nueve alojamientos (6 pensiones y 3 domicilios) conviven alrededor de unas 70 familias. "Nos ponemos a disposición de la Justicia, hay que ver qué se hace con toda esta gente y buscar un abordaje en conjunto", indicó el funcionario para advertir el problema social que esconde esta situación y que requiere un salvataje desde el Estado.

Desde 2010 se registraron casi una veintena de denuncias hechas por los agentes municipales a los Juzgados de Faltas Nº 1 y 2 en los nueve hospedajes y pensiones. Todas refieren al mismo sujeto mencionado en 2013 por el diputado provincial Héctor Cavallero. Desde su cuenta de Twitter, el ex intendente recordó: "Hace 10 años denuncié a este hombre, hasta logré evitar que abriera un puticlub en Córdoba y Colombres".

La Justicia cree que detrás esos alojamientos, además de varias anomalías municipales, se escondían delitos más complejos.

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