La ciudad

Aval del Concejo para comprar cámaras de videovigilancia

Ediles autorizaron a la intendencia a tomar un crédito internacional por 11 millones de pesos para comprar cámaras de videovigilancia, sirenas disuasorias, alarmas comunitarias y botones antipánico.

Miércoles 30 de Abril de 2014

El Concejo autorizó anoche a la Municipalidad a tomar un crédito internacional por 11 millones de pesos para comprar cámaras de videovigilancia, sirenas disuasorias, alarmas comunitarias y botones antipánico. Junto con el visto bueno, los ediles habilitaron una instancia de seguimiento y fiscalización de este endeudamiento. La aprobación del crédito traccionó una batería de iniciativas sobre seguridad que distintos bloques habían presentado en los últimos tiempos de modo que la sesión de ayer tuvo una agenda casi exclusiva sobre el tema.

El lunes, el justicialista Diego Giuliano y la edila por el FPV, Norma López, anticiparon que acompañarían el pedido del Ejecutivo, pero querían saber por qué el endeudamiento estaba casi dos millones por arriba del costo de los materiales a comprar. "Nos explicaron que esa diferencia es una proyección por si la compra se excede en un 10 por ciento a lo presupuestado o el dólar tiene algún ascenso fuerte", comentó Giuliano.

El paquete.Las propuestas que se colaron con la aprobación del crédito son las siguientes: creación de Rosario Alerta 2.0 de los ediles Roberto Sukerman y López (FPV). Se trata de una central que recibirá los pedidos de emergencia a través de distintos medios (teléfono, internet, redes sociales y botones de pánico, entre otros) y los despachará hacia el área que dé la respuesta adecuada (policía, GUM, Gendarmería, Prefectura, Defensa Civil, bomberos, Sies y Teléfono Verde).

También se aprobó un proyecto del concejal Osvaldo Miatello, que solicita al gobierno provincial más equidad en el presupuesto que destina a seguridad en los departamentos La Capital y Rosario, con 1.418 pesos el primero contra 667, al segundo, por habitante.

Por iniciativa del radical Jorge Boasso, se aprobó un registro que deberán llevar los comerciantes en los locales de compra y venta de celulares usados.

A instancias de Giuliano, se pedirá incorporar 100 patrulleros a través de un convenio en el marco de la ley de Seguridad de la provincia y la reparación de 150 móviles fuera de servicio en los talleres municipales.

El control. Entre las iniciativas aprobadas, se dio curso por unanimidad a la creación de un sistema de control financiero de grandes inversiones en el ámbito municipal. "La ciudad ha sido tristemente noticia por la presencia de quienes no pueden justificar el origen de los fondos invertidos", dijo el autor de la idea, Rodrigo López Molina (PRO). Y calificó a su iniciativa como un verdadero "golpe económico dirigido al narcotráfico".

"Será obligación de las direcciones de Habilitación de Industrias, Comercios y Servicios, de Atención a Empresas y de Obras Particulares, requerir información para determinar el origen de grandes emprendimientos", explicó el edil.

En esa dirección, el foco estará en construcciones de propiedad horizontal, venta y alquiler de vehículos y apertura de casas de juegos y locales de diversión nocturna. La medida incorpora requisitos para las personas físicas y jurídicas que soliciten habilitación, renovación y cambios de titularidad, entre otras diligencias, en inversiones de gran envergadura.

"Señor presidente, hay que enviar copia de este proyecto a todos los medios nacionales porque es una ordenanza inédita en la lucha contra el lavado", dijo el edil Héctor Cavallero (PPS).

Días atrás, Cavallero alertó sobre la necesidad de seguir la ruta del lavado de dinero, como complemento del control iniciado en los barrios.

Despenalización y autocultivo

El presidente del Concejo, Miguel Zamarini, y el edil radical Martín Rosúa presentaron un proyecto en apoyo a la búsqueda de una nueva perspectiva en el debate sobre la política de drogas, que apunta esencialmente a la no penalización de la tenencia para consumo personal de marihuana y su autocultivo con la misma finalidad. La propuest surgió de reuniones con la Asociación Rosarina de Estudios Culturales (Arec) y contó con la firma de Miguel Cappiello, Sebastián Chale y María Eugenia Schmuck.

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