Rosario fue declarada libre de skimming. Desde que la Unidad de Cibercrimen comenzó a actuar para desbaratar una organización dedicada a la clonación de tarjetas de débito mediante dispositivos que colocaba en diversos cajeros automáticos; de 1.260 defraudaciones que se concretaron el año pasado, se llegó a cero. En el marco de la investigación, los fiscales lograron detener a una banda internacional que duplicaba los plásticos y copiaba los códigos de seguridad, y días atrás tres brasileños fueron condenados a tres años de cárcel en un juicio abreviado. El perjuicio estimado fue de 4,5 millones de pesos.
En medio de la discusión que instaló un proyecto presentado en el Concejo que propone que los agentes de la Guardia Urbana Municipal (GUM) se dediquen a perseguir los delitos informáticos, la flamante Unidad de Cibercrimen del Ministerio Público de la Acusación (MPA) logró resultados inmediatos.
El skimming se ideó en Europa del este, fue una pesadilla en España y se "importó" a la Argentina en los últimos años. Se trata de la colocación de un dispositivo informático que copia los datos de la tarjeta de débito y una microcámara que detecta cómo los dedos del cliente digitan el PIN o código de seguridad bancario en los cajeros automáticos.
En noviembre de 2017, según un informe suministrado por la empresa Prisma (encargada de administrar la Red Banelco), al 27 de julio había en Rosario 260 tarjetas clonadas y 1.260 operaciones de fraude investigadas. El desfalco con esta modalidad superaba los 4,5 millones de pesos en el año.
El seguimiento, filmaciones y datos recabados le permitieron al MPA desarticular la banda que operaba en Rosario. En la actualidad se encuentra detenido un ciudadano búlgaro, una colombiana (condenados por estafa especial a tres años de prisión efectiva y tres años y medio respectivamente) y tres brasileños.
Previo a la intervención de la Unidad de Cibercrimen, a los delincuentes se los imputaba por tentativa porque se los detenía en el cajero, y las detenciones eran muy bajas.
En septiembre de 2016, dos ciudadanos rumanos (Viorel Marius Suica, de 39 años, y Gabriel Cordale, de 20) fueron atrapados por la policía tras colocar un dispositivo metálico en el cajero Link de la sucursal del Nuevo Banco de Santa Fe de San Martín y avenida Pellegrini.
La división de Seguridad de la Red Link advirtió a la Policía de Investigaciones (PDI) y se los detuvo. Sólo fueron acusados por colocar el pescador, por lo que el delito fue en grado de tentativa y les posibilitó en un proceso abreviado obtener una condena a tres meses de prisión efectiva.
Cambio
A diferencia de estas sanciones leves, Cibercrimen cambió su metodología de acción. La pesquisa que detuvo a la banda condenada hace pocos días acumuló 1.200 videos con las filmaciones de los cajeros automáticos, el catálogo de los rostros de los delincuentes (cada uno perpetró unos 30 hechos) y registros de imágenes de los estafadores juntos.
Además de estafa especial, se los imputó por asociación ilícita a partir de las llamadas telefónicas realizadas entre ellos, mensajes por redes sociales y registros fotográficos.
La recopilación de la información fue minuciosa. Gracias a un convenio entre la Unidad de Cibercrimen y las empresas Banelco y Link, esas firmas le informaban hora, día, lugar y banco donde se cometía la estafa. Luego, se les solicitaba a los bancos las imágenes de las cámaras de seguridad. Y a partir de allí, se reconstituia cada hecho.
Desde diciembre del año pasado a la fecha, las operaciones fraudulentas bajaron a cero, ya que si bien hubo algunos "amagues", no se llegaron a constatar episodios nuevos.
"A partir de las actuaciones de la Fiscalía, se generó un efecto preventivo que arrojó este resultado: se terminó el skimming en Rosario", le aseguró a La Capital el titular de la Unidad de Cibercrimen, Matías Ocariz.
Si bien el perjuicio estimado en Rosario rondaría los 4,5 millones de pesos, en toda la Argentina esta modalidad del skimming le habría a las entidades financieras unos dos millones de dólares mensuales.
Al clonarse las tarjetas y con los códigos de seguridad de cada cliente, la organización delictiva repartía funciones: quienes copiaban pasaban los datos a otros que luego, en otros puntos del país o del mundo, concretaban la operación fraudulenta.
Se han registrado extracciones irregulares en Mar del Plata, Córdoba, Buenos Aires y Salta. En el exterior, en tanto, las operaciones se dieron en Rusia, Paraguay, Uruguay, Chile y Colombia.
Mientras los estafadores siguen presos, el MPA informó a la Dirección Nacional de Migraciones sobre la situación de cada extranjero que cometió estos delitos.
