La ciudad

Aprueban la norma que obliga a capacitar a funcionarios en violencia de género

Dan sanción a la ley que establece la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para los agentes del Estado.

Viernes 13 de Septiembre de 2019

La Cámara de Diputados de la provincia dio ayer sanción definitiva a la ley que establece la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para los agentes del Estado santafesino. Se trata de la llamada ley Micaela, norma impulsada por la diputada Silvia Augsburger y su par Rubén Giustiniani en recuerdo de la joven violada y asesinada en Gualeguaychú, en 2017.

   El femicidio de Micaela García mostró serias falencias. “Dejó al descubierto el falaz funcionamiento de la Justicia y la formación patriarcal que tienen los agentes del Estado de los tres poderes. El asesino de la joven tenía que estar en la cárcel, pero su libertad condicional fue aprobada por un juez que desestimó los informes que la desaconsejaban. Sebastián Wagner, como tantos otros, fue beneficiario de un sistema hecho a la medida de los varones. Es por eso que creemos imprescindible que todas las personas que van a desempeñar un rol en el Estado, sea en el cargo y jerarquía que sea, reciban capacitación sobre violencia de género”, expresó Augsburger sobre el proyecto aprobado.

   La ley sancionada establece “la capacitación obligatoria en perspectiva de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los tres poderes”.

   En este sentido, la formación en perspectiva de género y violencia contra las mujeres incluye como contenidos mínimos la legislación provincial, nacional y las convenciones en las que Argentina sea parte. Incluye, también, la comprensión del fenómeno de los estereotipos y discriminaciones de género por orientación sexual o identidad de género y la particular forma en que se expresan o impactan en cada área específica de actuación.

Una diputada que lo sufrió en persona

Durante la sanción de la adhesión a la ley Micaela, la diputada Cesira Arcando, de Juntos por el Cambio, denunció que sufrió hostigamiento y violencia de género por parte de una persona, incluso estando embarazada. La denuncia fue radicada en su momento, pero dada a conocer ayer tras la sesión. “Sufrí acoso por parte de quien revestía carácter de superior jerárquico (en el Ministerio de Trabajo de la Nación, delegación Rosario) . Fue acoso laboral, por lo que hice una denuncia de mobbing”, dijo antes de remarcar: “Tenía problemas con mi embarazo y en cierta medida eso lo había agravado. Me había bajado la calificación y redujo mi contrato”, contó.

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