La ciudad

Apolo: investigan el rol del Estado a la hora de controlar

El juez que indaga las causas de la explosión del laboratorio les preguntó a los fiscales si analizaron la actuación que tuvo la EPE para evitar el hecho

Martes 13 de Marzo de 2018

"No sé de qué se me acusa", sostuvo ayer el encargado de mantenimiento del Laboratorio Apolo, la fábrica de sueros medicinales que hace un año y medio voló por los aires dejando a seis personas heridas de gravedad, una de ellas con quemaduras en más de la mitad del cuerpo, y dos propiedades convertidas en escombros. El empleado expuso ese breve argumento en la audiencia convocada para imputarlo de estrago culposo y lesiones graves culposas. Sin embargo, el juez Héctor Núñez Cartele pidió tomarse unos días para analizar la acusación y preguntó a los fiscales si no se habían investigado otras responsabilidades, "como la de los órganos de contralor estatal, por ejemplo la EPE", sostuvo. La fiscalía aseguró que eso será parte de otra investigación.

El siniestro se inició en una de las calderas del laboratorio de Alem al 2900. Según expuso el fiscal Walter Jurado, durante la madrugada del 27 de junio de 2016 el aparato se quedó sin el nivel de agua suficiente para enfriarla, sin que nadie lo advirtiera.

La acumulación de calor hizo que la chapa se rompiera y el aparato saliera despedido, demoliendo propiedades linderas y causando lesiones graves a seis personas, con quemaduras producidas por el vapor de agua.

De acuerdo a las pericias realizadas, las válvulas de seguridad que hubieran impedido el siniestro estaban cerradas y las alarmas y otros mecanismos de control estaban "anulados y cortados".

Con esos elementos, el fiscal acusó al jefe de mantenimiento del laboratorio, también foguista, de haber actuado en forma negligente por descuidar los mecanismos de seguridad necesarios para el funcionamiento del aparato. "Las alarmas estaban anuladas, las válvulas de escape cerradas y la caldera funcionaba sin que hubiera personal idóneo al momento de la explosión", resumió.

Para Jurado, se violó el deber de cuidado exigido para poner en funcionamiento la caldera, por eso acusó al jefe de mantenimiento de estrago culposo agravado y lesiones graves culposas; es decir, cometidas por una acción negligente.

La defensa

"Acusan a mi cliente sólo porque tiene un carné que dice que es foguista", argumentó el defensor del jefe de mantenimiento, José Resegue.

El profesional cuestionó la forma en que la Empresa Provincial de la Energía (EPE) entrega las licencias. Para obtener la habilitación, dijo, el acusado "sólo tuvo que estudiar 20 hojas de fotocopias y responder 20 preguntas" en 2008, y para renovar el permiso cinco años después "sólo tuvo que llevar una foto y el dinero que costaba la renovación del trámite".

El fiscal advirtió que si el operario cuenta con habilitación de la EPE, implica que tiene conocimiento del funcionamiento de una caldera y sus normas de seguridad.

Y en representación de las víctimas del siniestro, la querella consideró que como jefe de mantenimiento y foguista, el empleado del laboratorio tenía un doble rol. "Tenía a su cargo el cuidado de la caldera y también otras irregularidades, como el corte voluntario de los sistemas de alarma", sostuvo Ignacio Carbone.

Una pregunta

Después de escuchar todos los argumentos de la fiscalía, la defensa y la querella, el juez Núñez Cartelle preguntó a los fiscales si en la investigación del siniestro no se habían detenido en otras responsabilidades, "como la de los órganos de contralor estatal, como por ejemplo la EPE", sostuvo.

El magistrado, que debía definir sobre la imputación del operario, pidió expedirse por escrito. Una facultad no muy frecuente en este tipo de audiencias.

La fiscalía señaló que, "como parte de otra investigación", se está analizando la actuación de los organismos de control. La querella apuntó que "aún así, eso no exime la responsabilidad penal de quien tenía a su cargo la seguridad de la caldera".

El magistrado tiene ahora cinco días para expedirse.

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