El lunes 9 de octubre pasado, el mediodía del macrocentro apareció tapado de basura. Los empleados de Clean City y Ambiental Planet descargaron su bronca por no poder ingresar al relleno sanitario de Ricardone. Y no se les ocurrió mejor idea que tirar en la calle 24 toneladas de residuos que a diario van a buscar a hoteles, bares y restaurantes. Se trata de una recolección diferenciada que pagan los privados, pero que implica una habilitación y control municipal.
En la protesta hubo violencia. Y no faltaron los incidentes. A un vecino que registró con el celular la manifestación uno manifestante le arrojó un botellazo. Se salvó de milagro, pero no de quedar atrapado por otros dos.
Ayer, la Justicia le dictó prisión domiciliaria a quien lanzó el objeto contundente (estuvo prófugo hasta el 31 de octubre, cuando se presentó en Fiscalía) y otros nueve quedaron fichados por la Policía de Investigaciones.
Lo cierto es que fue la Municipalidad la que tuvo que levantar las montañas de basura, en medio del hedor, el corte de tránsito y el malestar vecinal. Para normalizar la situación y limpiar el lugar, se invirtieron 85 mil pesos.
Tras lo sucedido, ayer la secretaria de Ambiente y Espacio Público, Marina Borgatello, confirmó a La Capital que se aplicarán inéditas y duras sanciones.
"Vamos a pedirle una reparación de tipo ambiental a las dos empresas, la pueden ejecutar con tarea de voluntariado o bien tercerizar la tarea. Van tener que reparar y reponer unos 1.500 arbustos del cantero central de Pellegrini, entre Belgrano y Francia", adelantó la funcionaria a este diario.
Además, ambas empresas recolectoras se van a tener que hacer cargo de los 85 mil pesos que se destinaron para levantar la basura frente a Servicios Públicos y afrontar dos sanciones más.
Una es la que se está terminando de definir en el Tribunal Municipal de Faltas por varias infracciones en el espacio público. Y otra en el ámbito provincial. El Ministerio de Medio Ambiente evalúa una sanción por daño ambiental que, según se estimó, podría llegar a los 5 millones de pesos.
"Es la primera vez que ocurre algo de esta naturaleza. Las multas son para las empresas, luego ellas verán cómo resuelven internamente esta situación", agregó Borgatello.
Prisión domiciliaria
En tanto, ayer en los Tribunales Provinciales se realizó la audiencia imputativa a Fausto Ariel M., de 31 años, por los delitos de impedimento del normal funcionamiento del transporte por tierra y amenazas coactivas.
La jueza de primera instancia Hebe Marcogliese aceptó la imputación presentada por la Fiscalía, no hizo lugar a la petición de prisión preventiva efectiva y dictó la prisión preventiva en modalidad domiciliaria por el plazo de 30 días, poniendo como garante a un familiar y recibiendo controles semanales por personal policial.
La medida judicial se dictó considerando el reconocimiento y arrepentimiento del imputado con lo sucedido.
También en la jornada de ayer se presentaron en sede de la PDI nueve implicados, que fueron fichados y serán imputados en libertad la semana que viene.
A ellos se los acusa de impedir el normal funcionamiento del transporte.