A casi un año de la entrada en vigencia de la nueva ley de alquileres, una encuesta realizada por la Federación Nacional de Inquilinos denunció que aún se registra un alto índice de incumplimientos de los contratos y de evasión tributaria que la gran mayoría de esos no son inscriptos en la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) como lo establece la normativa nacional.

Gervasio Muñoz, referente de la entidad que agrupa a los inquilinos, señaló que el mercado inmobiliario “siempre se caracterizó por incumplir la ley de alquileres. Por ejemplo, antes de que se sancione la actual norma era obligatorio, y ahora lo es también, entregar una factura por el pago del alquiler. Sin embargo, son muy pocos los inquilinos que no reciben facturas. La evasión es casi total”.

“Hoy sigue sucediendo eso y otras cosas que tienen que ver con la nueva ley como por ejemplo, la estrategia que llevaron adelante las inmobiliarias de firmar contratos de seis meses, un año, para evadir el cumplimiento de la ley y del índice de actualización de precios”, remarcó Muñoz.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, el titular de la Federación de Inquilinos precisó que “se firman contratos bajo la figura ilegal de prórroga o extensión” de contratos. Eso se volvió una práctica en el país. La evasión sigue siendo casi total. No entregan facturas, no registran los contratos en la Afip”.

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Muñoz agregó que “el otro gran incumplimiento tiene que ver con las condiciones del contrato. Nos obligan a pagar, en el caso de Rosario, impuestos como API. Eso es lo que empezamos a ver en la última encuesta que hicimos a nivel nacional”.

Según el relevamiento de la Federación de Inquilinos “más del 80 por ciento de los encuestados declararon que sus contratos no habían sido registrados en Afip y que no recibieron facturas. En Buenos Aires, el pago electrónico es un poco más alto que en San Juan. Rosario tiene un nivel similar al de la Ciudad de Buenos Aires, algo así como el 40 por ciento. El incumplimiento tiene que ver con que en este tema no existe el Estado. No hay control sobre las inmobiliarias”.

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“El mercado inmobiliario presentó cuatro proyectos de ley en el Congreso Nacional: uno dice que no haya plazo mínimos en el contrato de alquiler, otro pide agilizar el desalojo y otro plantea que se vuelva a dos años pero que se pueda actualizar el precio del alquiler todos los meses. Yo te diría que si el sector inmobiliario está en contra de la nueva porque beneficia a los inquilinos”, siguió.

“Vivimos mucho tiempo donde el mercado inmobiliario nos ha estafado sistemáticamente. Ellos saben que la parte débil de esta situación somos nosotros, los inquilinos, y que por lo tanto todas las cargas tienen que estar sobre nosotros, porque así pueden imponer cualquier tipo de condición”, finalizó.