La Justicia ordenó ayer el allanamiento de las oficinas de la corredora BLD ubicadas en los pisos 9 y 14 de la torre Nordlink en Puerto Norte, en el marco de múltiples denuncias realizadas contra la compañía por estafa y defraudación llevadas adelante por productores, empresarios y firmas acopiadoras. El procedimiento fue realizado por efectivos de Contrainteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes recolectaron documentación y realizaron pericias informáticas en el lugar, según explicaron desde la fiscalía que encabeza la investigación, a cargo de David Carizza.
Los efectivos de la PDI llegaron al lugar durante la mañana de ayer y les pidieron a los empleados que se encontraban en las oficinas que permanecieran en sus puestos de trabajo y que desistieran de utilizar computadoras y teléfonos celulares. También les solicitaron las contraseñas que permiten acceder a los equipos informáticos del lugar.
El operativo demandó varias horas y pasadas las 14 los empleados de la empresa pudieron retirarse del lugar, pero debieron dejar en las oficinas cualquier tipo de papeles o documentación vinculados a la empresa que pudieran tener entre sus pertenencias (mochilas u portafolios). Luego, los uniformados comenzaron a sacar del lugar libros y actas de la operatoria del correacopio.
Desde la fiscalía detallaron que "se está allanando para la recolección de documentación y realizando pericias informáticas, recabando información en relación a múltiples denuncias presentadas en las últimas semanas".
El ocaso
La empresa BLD, dedicada al corretaje y acopio de granos en combinación con operaciones financieras, entró en default a fines de septiembre. Se estima que hay más de 1.500 productores afectados y que el monto del pasivo supera los u$s 100 millones.
Varios días después del escándalo, que dejó un tendal en la región pampeana, la Comisión Nacional de Valores (CNV) suspendió a la firma como operadores de mercados financieros y de futuros, mientras que la Bolsa de Comercio de Rosario hizo lo propio, pero como operador en el mercado físico.
Los primeros en transitar el camino de la Justicia penal fueron una docena de productores de San Jorge, que no aceptaron la propuesta de la compañía de "capitalizar" sus acreencias.
Representados por Eduardo Cerino, denunciaron a los directivos de la compañía por estafa, defraudación e insolvencia fraudulenta ante el fiscal de Flagrancia de la Justicia provincial, David Carizza.
También recayeron allí denuncias de empresarios representados por el abogado Paul Krupnik, y la empresa acopiadora Arequito, representada por Froilán Ravena.
