Durante la mañana de ayer, los allanamientos producidos en Arroyo Seco fueron excluyentes. Encabezado por el subcomisario de la División Antidrogas de Rosario, Raúl Hirsch, el primer desembarco de la Policía Federal (incluida la Científica) se hizo en el propio boliche, ubicado en el cruce de la autopista a Buenos Aires y el acceso a esa ciudad. Allí, una camioneta impidió el paso a periodistas y curiosos.

Unas cuadras más allá, otra chata de la Federal estacionada sobre la plaza principal de Arroyo Seco y dos pertrechados efectivos en la esquina permitían adivinar que en la propia Municipalidad se estaba desarrollando otro procedimiento.

Adentro, de hecho, otros dos uniformados flanqueaban la puerta del despacho del intendente Nizar Esper. En el interior de la oficina se encontraban, además de Esper, otros tres funcionarios municipales, efectivos de la Policía Federal y dos mujeres a las que se les requirió ser testigos del allanamiento.

Cerca del mediodía, del despacho del intendente salió Hirsch, quien se limitó a aclarar quiénes habían ordenado los operativos y se excusó diciendo que no podía "informar nada". Casi sin detenerse, sólo aceptó contar que se estaba "recabando información y documentación", y no descartó que pudieran visitarse otras dependencias municipales.

Un rato después fue el secretario Legal y Técnico, Gabriel Olivé, quien salió a hablar. "Desde el día uno en que ocurrió la tragedia este municipio ha estado a disposición de la Justicia, tanto federal como provincial", afirmó.

Olivé adelantó que ambas competencias les reclamaron "todos los expedientes de habilitación de Punta Stage", abierta como "confitería bailable" e impedida por normativa (un decreto de abril, hasta tanto el Concejo elaborara una ordenanza específica) para organizar fiestas electrónicas.

"Les estamos entregando todo y de la manera más amigable posible", dijo el funcionario, lo que en concreto representó unos "seis o siete cuerpos de expedientes".

También acercaron a la Justicia documentación relativa a los controles que la misma madrugada de la tragedia realizaron en Punta Stage distintas áreas del municipio (Guardia Urbana y Tránsito) y policías que cumplían adicionales.

Olivé declinó responder acerca de si durante esos controles se habían detectado "irregularidades" o si alguien en la Municipalidad sabía (o debió saber) que, pese a la prohibición, en el boliche se estaba desarrollando una rave. Máxime con la publicidad que tuvo el evento por la presencia del DJ Sasha.

"Es materia de investigación", respondió reiteradamente el funcionario, a la vez que remarcó que a nivel administrativo ya se están "instruyendo sumarios para determinar las responsabilidades de funcionarios municipales".

Según Olivé, los puntos medulares que investiga la Justicia son "la muerte de los dos jóvenes y la venta de estupefacientes".

La tragedia tuvo otras consecuencias: la clausura del boliche ("que mientras seamos gobierno nunca más va a abrir en Arroyo Seco", dijo Olivé) y la "intervención de la Oficina de Comercio", que ahora pasará a depender de la Secretaría Legal y Técnica.