Las oficinas de la actual administración del proyecto de la torre Aqualina, Niza Propiedades, el edificio que desde su construcción en el corazón del Parque Nacional a la Bandera estuvo envuelto en la polémica, fueron allanadas ayer miércoles por orden judicial, en el marco de una demanda iniciada por uno de los propietarios del complejo edilicio. La actual administradora es una sociedad conformada por Claudio piedrabuena y Salazar Boero.

Las demoras para poder escriturar que sufrieron los dueños de los apartamentos de la torre, uno de los emblemas del boom inmobiliario que provocaron en la región los beneficios de las explotaciones sojeras, hicieron que se planteara la cuestión en la Justicia civil y comercial de Rosario.

Los damnificados, que desde hace ya varios años viven en la torre, exigieron a OP Developers SA -la firma desarrolladora del complejo, que es presidida por Claudio Piedrabuena- hiciera efectiva la escrituración de las unidades a su nombre y, ante la negativa a que se efectivizara el pedido, decidieron recurrir a los tribunales provinciales.

Los titulares de los departamentos se vieron impedidos de contar con los títulos de propiedad de sus bienes debido a que la empresa desarrolladora, a cargo de Jorge Oneto y Claudio Piedrabuena, que están en Mitre y Santa Fe, no dio por finalizado el fideicomiso, debido a que no completaron la documentación requerida para el trámite.

La situación causó malestar en la comunidad del edificio, ubicado en Avenida Libertad 395, en el vértice del cruce de la avenida costera y calle Alem. Más teniendo en cuenta el costo que desembolsaron por las unidades que fueron vendidas como "premium", por su locación y detalles de terminación.

El hijo de una de las propietarias, con el consenso de los restantes propietarios de los departamentos de la torre, planteó el problema en los tribunales rosarinos y obtuvo como respuesta el allanamiento de las oficinas de Piedrabuena y Salazar Boero, a fin de buscar la documentación requerida para la finalización del fideicomiso.

La medida judicial se efectivizó ayer en las oficinas que posee la administradora, ubicada en Mitre y Santa Fe, en plena city rosarina. La presencia de los oficiales de justicia, que trabajaron afanosamente durante un largo rato en el lugar, causó conmoción en la city rosarina.