La ciudad

Allanamiento en un taller textil clandestino en barrio Tablada

En el operativo se detectaron once víctimas extranjeras indocumentadas y tres armas de fuego. Un matrimonio boliviano fue detenido bajo la acusación de trata de personas.

Jueves 01 de Octubre de 2015

Pasadas las 18, tres móviles de la Policía Federal continuaban retirando elementos de la vivienda de barrio Tablada que era utilizada como un taller textil clandestino que, según los primeros esbozos de la investigación, trabajaba para reconocidas marcas de indumentaria. En el importante allanamiento que se realizó ayer temprano por la mañana, se detuvo a un matrimonio boliviano, que presuntamente manejaba el lugar, y que luego fue trasladado a la sede de calle 9 de Julio 233, acusado de trata de personas.

En el operativo llevado adelante en Deán Funes 62 bis fueron rescatadas 11 víctimas (6 mayores y 5 menores). Entre los mayores, había dos mujeres y una de ellas estaba embarazada. Todas estas personas eran de nacionalidad boliviana, no tenían la correspondiente documentación personal, y estaban sometidas a condiciones de explotación y esclavitud.

Además, se incautaron 40 máquinas de coser, remalladoras, hidrolavadoras, celulares y 3 armas de fuego. En tanto, allegados a las autoridades policiales comentaron que se retiró documentación que revelaría una conexión sistemática con empresas textiles conocidas. "Hay recibos por más de 90 mil pesos por mes con marcas conocidas", confió una fuente cercana a la investigación. Precisó que se advertían contactos con algunas marcas importantes y muchas menos conocidas.

La casa utilizada como precario taller de producción textil era una vivienda familiar de dos plantas en la que los trabajadores estaban en condiciones de hacinamiento. Según lo que se desprendió de la inspección policial, los dueños vivían arriba y todos los demás abajo, muy apretados, sin las mínimas condiciones de comodidad, salubridad y dignidad. Deslizaron que una pareja con tres niños dormían en un soo colchón, y que un estrecho pasillo de circulación interna era utilizado como dormitorio.

De acuerdo a lo que trascendió desde la investigación, las víctimas "cobraban 7 pesos la hora" y a ese flaco monto se le descontaba el alquiler por estar alojados en el lugar. Además, los empleados "tenían salidas restringidas y vigiladas", y no había acceso directo a la calle.

Los vecinos. Más allá de lo que se desprendió del reporte policial inicial, los vecinos de la cuadra sólo tuvieron palabras de afecto hacia los habitantes de la casa de Deán Funes 62 bis, y negaron cualquier evento conflictivo. "No es verdad lo que dicen. Son buena gente y buenos vecinos", se encargó de recalcar una vecina cercana. "Era gente trabajadora, les traían cosas y cocían", confiaron.

En relación a la tenencia de 3 armas de fuego, unos vecinos comentaron que "las tenían para defenderse porque chicos de la villa los habían amenazado con robarles las máquinas".

Los vecinos reconocieron que los empleados del taller no salían mucho de la casa, pero "de vez en cuando iban hasta la granja (casi Esmeralda), o a la panadería de la esquina con Chacabuco".

De acuerdo a lo consultado por La Capital, el grupo de bolivianos vivía allí desde 2010. "Estaban metidos mucho adentro por miedo. Porque unos muchachos los habían amenazado", repitieron.

Durante este relevamiento, una vecina contó que cuando sufrió un incendio, luego le regalaron una cama. "Son buena gente", remarcaron con énfasis.

El operativo. Los agentes llevaron los elementos incautados a la delegación Rosario de la Policía Federal. En ese dependencia fueron detenidos los dueños de la vivienda allanada, acusados de trata de personas.

En tanto, las víctimas encontradas fueron reubicadas y contaron con el apoyo del cónsul de Bolivia en Rosario, que se presentó durante la jornada de ayer en Fiscalía Federal y se puso a disposición.

La causa de trata de personas está cargo del juez federal Carlos Vera Barros y actúa el fiscal federal Marcelo Di Giovanni.

"Estamos ante un caso de esclavitud moderna"

"Si los datos del allanamiento realizado en el taller de calle Deán Funes se confirman, estamos claramente ante un caso de esclavitud moderna", advirtió Guillermo Whpei, presidente de la Fundación para la Democracia Internacional, una entidad que enfrenta este tipo de problemáticas actuales.

"Las personas habrían sido despojadas de sus documentos y estaban encerradas en el taller. De acuerdo a estándares internacionalmente aceptados, ya la configuración de esas dos situaciones convierte a este caso en un triste exponente de la esclavitud moderna, donde las personas son sometidas a vivir en condiciones inaceptables, y son privadas de su libertad", comentó Whpei.

El director de la Fundación expresó: "Estamos convencidos de que es necesario empezar a desarrollar una mirada diferente de nuestro entorno porque esto está pasando en el mundo. Hay 21 millones de personas en el mundo en esta situación. Antislavery International estima que 2 millones y medio se encuentran en Latinoamérica. Y estamos trabajando para lograr un índice en Argentina, pero no es un dato fácil ya que existen connivencias a todo nivel que dificultan la visualización de este tipo de situaciones".

"Es necesario que empecemos a preguntarnos: ¿De dónde sale lo que consumo? ¿Quién lo hace? ¿Dónde? ¿En qué condiciones?", se encargó de remarcar Whpei.

"Y una vez que encontremos las respuestas, podremos decidir qué queremos consumir. Del conocimiento no se vuelve, y una vez que uno sabe, si sigue eligiendo comprar ese producto que tiene en su cadena trabajo esclavo, se convierte de consumidor en cómplice", concluyó.

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