El fiscal de la Unidad de Flagrancia Gustavo Ponce Asahad destacó hoy que "las picadas ilegales son delitos graves que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos" y destacó que las penas que podrían corresponderles a los organizadores y participantes de las mismas "oscilan entre seis meses y tres años".
Ponce Asahad ofreció hoy una conferencia de prensa junto al titular de la UR II, Juan Pablo Bengoechea y al jefe de la División Judiciales, Natalio Marciani. Dio detalles de los allanamientos donde fueron aprehendidas ocho personas, entre ellas una mujer, y destacó que "las picadas constituyen delitos graves que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos, que pueden terminar en una verdadera catástrofe".
Al ser consultado sobre qué tipo de penas podría caberles a los detenidos, el funcionario judicial explicó: "En este punto el Código Penal establece las mismas penas para ambos, que van de un mínimo de seis meses a un máximo de tres años, con una accesoria que es la inhabilitación por el doble del tiempo de la condena. Es decir, si bien el mínimo permite la excarcelación, habrá que ver cada caso en particular".
Según detalló, la investigación por las picadas del 28 de septiembre pasado en la zona de bulevar Oroño y Lamadrid comenzó con denuncias presentadas por el Ministerio de Seguridad y la Guardia Urbana Municipal (GUM).
"En base a datos aportados por la Municipalidad de Rosario logramos individualizar una serie de autos que participaron de las picadas. La investigación quedó en manos de la División Judiciales y hoy se realizaron una serie de allanamientos en Rosario y Fray Luis Beltrán", indicó el fiscal.
Asimismo, detalló que se secuestraron "automóviles, se aprehendió a ocho personas, entre ellas una mujer, que son organizadores y participantes de las picadas, armas de fuego y ordenamos el secuestro de todo tipo de elementos informáticos. Estas picadas ilegales fueron promocionadas y difundidas a través de las redes".
También se refirió a la preparación que mostraban los autos secuestrados: "Algunos de ellos tienen insertos un dispositivo que permite regular la velocidad y que cuesta 50 mil pesos. Otros autos están preparados con elementos cuyo monto ronda el millón de pesos".
Respecto a las armas secuestradas señaló que "fueron el resultado de las requisas domiciliarias que se realizaron, sin perjuicio de que, ante el secuestro, cruzamos datos con los colegas del MPA para determinar si esas armas pueden estar vinculadas con otros delitos".
Por otra parte, el jefe de la UR II de Policía, Juan Pablo Bengoechea, explicó que "las armas secuestradas se van a peritar", y añadió: "Encontramos réplicas de fusil ametralladora, de una 9mm y hay otras de distinto calibre, que son objeto de investigación".