La ciudad

Ahora piden que la fiscalía provincial investigue los incendios en las islas

Una abogada presentó una denuncia penal para que se inicien pesquisas locales y hasta sugirió incautar animales donde haya quemas.

Jueves 06 de Agosto de 2020

Con el fundamento principal de que la consecuencia más grave del humo por la quema en las islas entrerrianas recae sobre la salud de los santafesinos, un abogado presentó una denuncia penal para que la Fiscalía Regional Rosario abra una investigación para detectar a los responsables de los focos. Sugiere incautar a los animales ubicados donde se verifiquen pasturas quemadas y que la provincia ocupe efectivamente la zona de las islas Charigüé y banquito San Andrés.

"Se trata de un delito continuado, el hecho se produce en una jurisdicción, pero la consecuencia y el daño los sufren los rosarinos y santafesinos, y en este contexto se puede propagar aún más el Covid-19", resumió el abogado Marcelo Martorano, quien presentó la demanda en la sede local del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Inicialmente, y en virtud de que ya hay una causa abierta en el fuero Federal de Paraná con al menos siete titulares de los terrenos acusados y otros en vías de indagatoria, para el letrado no hay contradicción o superposición de competencia si el MPA de Santa Fe también insta la acción penal.

"No es el mismo hecho, no se puede evaluar un doble juzgamiento. En la causa que se tramita en Paraná se investigan delitos relacionados a quemas intencionales y el riesgo que causa en la circulación en las rutas. En mi denuncia pido que se avance en los delitos contra la salud de la población, porque las víctimas están acá en Rosario", expresó Martorano.

Según la presentación de más de 40 carillas que se canalizó por mesa de entradas de MPA a la unidad fiscal de Delitos Ambientales a cargo de Matías Ocariz, el daño a la salud de la población está acreditado con los múltiples consultas médicas por afectaciones respiratorias.

"Además de las instituciones médicas privadas, esta situación se respalda con las 50 consultas diarias ante la Universidad Nacional de Rosario (UNR) de personas que presentan trastornos exclusivamente vinculados al humo", recordó sobre una nota que publicó el martes La Capital.

Para ser más gráfico, el letrado machacó con su postura. "Físicamente el hecho (por las quemas) se produce en Entre Ríos, pero se continúa en Rosario. El humo hace que la gente esté tosiendo por todos lados y no sabemos hasta dónde se pueden dar contagios masivos de Covid-19. No pueden desconocer que con su accionar están propagando el virus".

En la denuncia se proponen medidas concretas: que la administración santafesina tome posesión efectiva de las islas Charigüé y San Andrés (son jurisdicción provincial) para montar un campamento con policías ambientales que custodien la zona, y que se incaute el ganado de los campos donde se constaten quemas de pastizales.

"Además pido que, como cualquier delito económico de lavado de dinero, no se permita usufructuar económicamente la explotación ganadera. Es inadmisible; encima que comenten delitos ganan dinero", razonó Martorano.

Para sostener el argumento sobre la afectación a la salud, el abogado indicó que se trata de "un delito que nunca se investigó en el marco de la causa federal". Y para ello citó fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que avalan su postura en relación al "delito continuado", que comienza en un lugar, pero termina en otro donde residen las víctimas.

Es que según el profesional, en Rosario y en toda la franja costera santafesina, "se ubica el bien jurídico protegido y se produce el resultado criminal (daño a la salud). Por eso, entiende que el MPA está en condiciones de investigar la presunta comisión de los delitos contra la salud pública (artículos 202 y 205 del Código Penal), en concurso real con el delito de desobediencia de disposiciones surgidas de la emergencia ecológica, y de las cautelares dispuestas por distintos jueces que prohibieron la quema de pastizales en la zona de los humedales que integran las islas.

Desde la Fiscalía confirmaron a este diario que la denuncia ya está en manos del fiscal Ocariz, quien deberá resolver en los próximos días si es competente para investigar las figuras penales que denuncia el abogado.

Ocariz está al frente de la pesquisa sobre la quema que se produjo la semana pasada en la zona del parador isleño conocido como Puerto Pirata, frente a Granadero Baigorria, tierras que corresponden a Santa Fe. En ese legajo espera los resultados de una serie de medidas que ordenó en su momento, como toma de testimonios de lugareños y análisis del relevamiento un ocular del lugar.

En San Nicolás

Tras una investigación preliminar, la Fiscalía federal de San Nicolás concluyó que no hubo delito en dos quemas de las islas de San Pedro. El Ministerio Público Fiscal inició una pesquisa al tomar conocimiento de los hechos y, tras una serie de medidas, se determinó que no encuadraban en las previsiones del Código Penal. No obstante, se remitieron copias de lo actuado a la Municipalidad para que estime si corresponde iniciar un sumario administrativo.

Ya debaten sobre la ley de humedales

Especialistas explicaron ayer que “proteger los humedales es proteger la salud de las personas”, ya que son grandes reservorios de agua dulce, previenen inundaciones y son esenciales para la lucha contra el cambio climático. De este modo, se inició el debate en comisión en el Congreso Nacional de la ley que protege a estos ecosistemas a raíz de los incendios en el Delta de Paraná de las últimas semanas.

“Los humedales son sistemas muy complejos y diversos que traen muchos beneficios para la naturaleza y para los humanos. Sirven al almacenamiento de agua dulce, evitan crecidas en ciudades costeras, ayudan en la protección contra tormentas, brindan recursos de pesca y agricultura y sirven para recreación y turismo, entre otras actividades”, dijo Lucila Castro, bióloga del Instituto de Diversidad y Ecología Animal del Conicet. La referente fue una de las voces que se hicieron presentes en Cámara baja.

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