Luego de trabajar durante 30 años en las organizaciones ambientalistas más importantes del país, Juan Carlos Villalonga migró a la política. Está convencido de que la única manera de cambiar la realidad es si se regula a través de leyes. Hoy es el presidente de la Agencia de Protección Ambiental del gobierno porteño de Mauricio Macri. Es rosarino y en 1985 creó la organización civil Taller Ecologista. Esta semana estuvo en la ciudad para compartir experiencias con los funcionarios locales en el marco del programa de cooperación e intercambio de políticas innovadoras, que busca dar a conocer las gestiones en materia ambiental que son exitosas en la ciudad de Buenos Aires.
— Rosario en esto está atrasada y los colegas de la ciudad lo están demandando. Se emprolijaron un poco las cosas, pero la realidad es que se hizo poco por poner en marcha la ley de basura cero, por ejemplo. Lo bueno es que hubo continuidad en las políticas. Desde (Horacio) Usandizaga para acá se lograron cosas importantes ,como recuperar los terrenos de cara al río, y eso cambió para siempre la ciudad.
—Insisto con la gestión de la basura. Es un tema clave. Sostengo que hay que cambiar el paradigma y pensar en los residuos como recursos. Si fuera así, pensaríamos las mejores formas de volver a usar eso que descartamos. Hay una tendencia a considerar la separación de residuos como una simple tarea escolar, cuando es una conducta fundamental, siempre que esté acompañada de una política seria, porque si uno separa en su casa y después el camión se lleva todo junto... no sirve de nada.
El impacto económico sería muy importante, porque no se demandarían productos vírgenes para el consumo sino que habría más conciencia de utilizar lo reciclado.
Si no empezamos a trabajar esto hoy, en pocos años estaremos haciendo minería en el relleno sanitario. En esto tenemos que trabajar juntos entre los distintos gobiernos, más allá de la diferencias partidarias.
Parece simple, pero por ejemplo, transmitir la experiencia de qué tipo de contenedor resultó mejor en alguna ciudad sería muy útil para todos.
—¿Qué política pública destacás del gobierno porteño?
—Admiro la valentía, porque hay que animarse a hacer cambios. Un ejemplo fue el Metrobus (carriles exclusivos para el transporte público). Al principio sólo cosechaba críticas, sin embargo en siete meses la 9 de Julio cambió completamente y hoy se da más importancia al transporte público y al peatón. Se dieron vuelta las prioridades: ahora el centro es para los colectivos y transporte público y combis, además de ser más amigable para el peatón.
Otro cambio rotundo fue la introducción de las bicicletas. Hace seis años era una locura pensar en bicicletas transitando por Buenos Aires. Pero hoy son parte del paisaje. Esto sucedió porque el gobierno se animó. No sólo aprobó la propuesta, que surgió como un movimiento contracultural, sino que le dio espacio, lo promocionó y armó el sistema de bicing. Eso generó un cambio de paisaje. Se logró implementar algo que parecía imposible.
—Con el calor histórico de este verano estamos viviendo cada vez de manera más patente las consecuencias del cambio climático...
—Es que cada vez está impactando más. Sabemos que se duplicaron las zonas de calor en su extensión y no hay ningún acuerdo internacional que regule esta situación.
Recién se podría firmar un acuerdo el año próximo para implementarse en el 2020. En el mientras tanto, hay una carencia de regulación legal y ahora más que nunca es importante participar desde un compromiso voluntario para bajar las emisiones contaminantes que terminan trayendo estas consecuencias.
Buenos Aires es parte del C40 (red de ciudades que toman medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero). Allí nos comprometimos a empezar a trabajar en la reducción de emisión de gases que emergen de la basura. En los rellenos sanitarios se genera metano, un gas mucho más potente que el dióxido de carbono. Una buena gestión de residuos consiste en utilizar el metano como activo, como gas natural.
El Ceamse (empresa creada por la provincia y la ciudad de Buenos Aires para realizar la gestión integral de los residuos sólidos urbanos del área metropolitana) tiene 10 megas de generación eléctrica por el uso de metano de un relleno sanitario. Es decir que dos máquinas están funcionando con esa energía. Esas son las cosas que hay que hacer. Porque sino estamos dejando un legado tóxico a nuestros chicos.
—La evolución tan rápida de la tecnología hace que pronto cualquier aparato caduque ¿Qué se puede hacer con la basura electrónica?
—Lo más grave es que no existe una ley nacional de residuos sanitarios. Nadie sabe qué hacer con esto. Ya van tres mundiales de fútbol que no sale la ley. Lo relaciono con los mundiales porque siempre en esos momentos se produce el pico de venta de los televisores.
Desde el año 2007, cuando yo estaba en Greenpeace y después en la organización Los Verdes, luchábamos por una ley, pero las empresas fabricantes de pilas la bloquearon una y otra vez. El último intento fue en 2012, cuando la ley parecía que iba a salir pero en esa oportunidad no fue una empresa quien la bloqueó sino una legisladora del Frente Para la Victoria (FPV), Débora Giorgi.
—¿Qué cambios introduciría la existencia de una ley de residuos electrónicos?
—Una ley extendería la responsabilidad de la reutilización a las empresas. La normativa, que ya existe en otros países, generaría un sistema por el cual se harían cargo del teléfono celular que a uno ya no le funciona. Es decir que el usuario podría llevarlo a la empresa cuando ya no funciona más y que ellos lo reutilicen.
Otra opción que preve la ley es que las compañías contribuyan a un fondo común para que otras entidades resuelvan la cuestión de los teléfonos en desuso. Sino lo que termina pasando es que ese teléfono que se fabricó en otro lugar del mundo o que se armó en Tierra del Fuego termina siendo un problema para el municipio en donde vive el usuario.
La realidad es que hoy nadie sabe qué hacer con las pilas, computadoras, televisores, transformadores o teléfonos que ya no usa. En general todo el mundo tiene en su casa un cajón donde amontona todo esto sin saber qué destino tendrán.
En Argentina no tenemos una planta de tratamiento para este tipo de residuos, pero si existiera una ley sería obligatorio crearla.
En otros países esto funciona y por eso a las compañías de insumos electrónicos no les supone ningún problema. El productor elige el mecanismo o juntan los teléfonos o hacen un fondo para que el país tenga el sistema de recolección. Así funciona en Europa.
—¿Podrían ejercer más presión las organizaciones no gubernamentales de ecologistas?
—Yo creo que la batalla cultural ya se ganó, justamente es un mérito de las organizaciones intermedias. Hoy tiene más conciencia la gente de qué hacer con los aparatos, que el propio Estado. Sabemos que no tenemos que tirar al tacho los equipos electrónicos y los ciudadanos adoptan conductas inteligentes, pero cuando falta la política pública no sirve de nada.
La gente sabe que la pila contamina y le cuesta tirarla y busca soluciones, las pone en un tacho. Lo mismo pasa con la basura, a lo mejor se separa en casa, pero si después ven que el camión se lleva todo junto....
Lo mismo pasa con el transporte público: si fuera bueno la gente lo usaría más. En ningún lugar del mundo la gente va en auto al aeropuerto porque cuentan con medios públicos eficaces que llegan al lugar. Por eso estoy convencido de que si mejoramos el transporte, la gente lo va a utilizar muchísimo más.
—¿Cómo ves tu gestión y lo que se viene?
—Estoy contento de estar en un partido donde lo que importa es la gestión. Eso está bueno porque podés trabajar, también con personas que son de otros partidos. Aquí (en el PRO) me encontré con gente dispuesta a implementar políticas con repercusión en el medio ambiente y sobre todo me encontré con apertura, porque sino no me hubieran llamando a mí, que no soy militante.
