Unos minutos antes de la hora pautada y con la sala tan llena que quedó público afuera, el juez leyó su veredicto. Akerman estaba acusado como autor de dos delitos: incumplimiento de los deberes de funcionario y falsificación de documento público (dos hechos). El juez lo absolvió en ambos. En el primero, ante la certeza de su inocencia: "Es mi absoluta convicción, motivada por la valoración probatoria y la sana crítica racional", dijo. En el segundo, por el beneficio de la duda. Los fundamentos de la absolución se conocerán el 3 de diciembre.
"El fallo me dejó sorprendida. Fue un balde de agua helada", dijo al salir la fiscal Valeria Piazza Iglesias, quien llevó a juicio al inspector junto a su par Ademar Bianchini. "Consideramos que se acreditaron todos los extremos en relación a que en abril (cuando se hizo la inspección) el local estaba en iguales o peores condiciones que en octubre", añadió la fiscal, que apelará la sentencia.
Akerman fue el último funcionario en controlar el local de Mendoza 863 antes de la tragedia. Como empleado de la Dirección General de Inspecciones, el 1º de abril de 2015 fue a realizar una inspección diurna en el Café de la Flor. Realizó algunas observaciones que hizo constar en un primer informe y se las notificó al dueño de entonces para que realizara los ajustes. El 8 de abril realizó otro informe indicando a sus superiores que había ido al local y constatado las reformas.
Para los fiscales, Akerman falseó parcialmente el primer informe, porque ante el estado del local "debió ordenar la clausura preventiva"; y de manera absoluta el segundo, porque "no se constituyó ni se arreglaron las irregularidades". Consideraron que el local siguió funcionando en esas condiciones hasta derivar en el accidente de octubre, cuando el bajista de Raras Bestias advirtió que algo le pasaba al vocalista, se acercó a ayudarlo y al tomar el micrófono recibió una letal descarga eléctrica. Fue durante una actuación, a las 2 de la madrugada.
Destrozado
"Esta situación me destrozó la vida. Hace tres años que no duermo y no sé cómo planificar mi vida", dijo el arquitecto el último día de debate en su contra. Entonces defendió su trabajo, señaló que se limitó a constatar ítems pautados en un formulario y que el municipio recién adquirió aparatos para controlar la descarga a tierra tras el fallecimiento del músico de 30 años.
Para Akerman, a quien no se lo juzga por esa muerte, los fiscales habían pedido 3 años de prisión condicional y 10 de inhabilitación, mientras que su defensa reclamaba la absolución. En un legajo aparte están a la espera de un segundo juicio el dueño del local, Ariel Scharf, y el electricista Fernando Campodónico. Para ellos los fiscales solicitaron penas de 4 y 5 años de prisión, respectivamente, como autores de un homicidio culposo.
El abogado y ex ministro de Justicia provincial, Héctor Superti, en tanto, dijo estar "absolutamente convencido" de la inocencia de su cliente: "No tiene nada que ver con la muerte del músico, cumplió con su deber y no es el responsable de las estructuras de control del Estado".
El defensor planteó que la investigación fiscal fue "sesgada", porque nunca citaron a declarar a tres jefes del inspector que, al exponer en el juicio convocados por la defensa, avalaron su trabajo. Respecto de Akerman dijo que "estaba muy nervioso y muy emocionado. El siempre se prestó a colaborar con la investigación y ha vivido un calvario. Terminó siendo la cara visible de un drama con el que no tuvo nada que ver", aseguró.