A pesar de las normas municipales, se afianzan las pensiones "truchas" en Rosario

Existe un gran número de pensiones en la ciudad que no reúnen las condiciones necesarias para su habilitación, a pesar de que en los últimos años se han desarmado algunas de ellas. En espacios reducidos y con gran cantidad de residentes en condiciones deplorables, se levantan estos reductos. En el último año y medio, se han clausurado 36 de ellos, mientras que 27 establecimientos violaron la clausura y 17 ya han sido llevados a la Justicia penal por el gobierno provincial.

En una recorrida a raíz de una denuncia realizada por un lector de La Capital, se pudo constatar que en la zona sur de la ciudad (en inmediaciones de City Center) funcionan, por lo menos, dos pensiones "truchas". Algunos vecinos consultados dieron cuenta de la existencia de estos hospedajes ilegales, los que muestran las condiciones en las que viven sus residentes: ventanas tapiadas, que se suman a la denuncia de un solo sanitario para varias personas y, además, el reclamo por estar "enganchados" al suministro eléctrico.

No sólo en los barrios existen este tipo de actividades ilegales. Basta con caminar algunas calles, como Laprida, Maipú o Santa Fe, donde hay una fuerte presencia de inmuebles antiguos, para constatar la existencia de estas pensiones. Algunas casas antiguas del microcentro de Rosario forman parte de esta red; por fuera parecen en estado de abandono, mientras que por dentro albergan a un gran número de residentes en las peores condiciones.

También hay casos que fueron denunciados y luego se procedió sobre las instalaciones. Uno fue el de calle Pitágoras 7451, en la zona noroeste de la ciudad, que fue denunciado en reiteradas ocasiones por el ex concejal Héctor Cavallero. Allí vivían, al momento de su última clausura, 25 personas en habitaciones con una superficie de tres metros por dos.

Otro, que pudo haber sido más grave, fue el desalojo para la posterior demolición de un inmueble ubicado en San Luis 1038, donde habitaban más de 20 familias con humedad, grietas y fisuras en las paredes, caños rotos y oxidados y hasta un sótano inundado con agua estancada. De hecho, llegó a caerse un balcón entero sobre la vereda de la concurrida calle céntrica.

Estudio. Según un informe realizado por Concejalía Popular en 145 pensiones que se encuentran en el micro y macro centro de la ciudad, los precios solicitados por una habitación varían entre los 1.200 y los 4.000 pesos por mes (dependiendo de la categoría de la misma), arrojando un costo promedio de 1.636 pesos. En total, según el informe, representa un alza del 67 por ciento en los costos de alquiler ya que el año pasado, en esta misma época, la cifra daba 1.040 pesos.

Esto se suma a la imposibilidad de acceder por otros fundamentos a las pensiones habilitadas, como no tener certificado de estudios o de trabajo (el 81,5 por ciento los pide), ser mujer (sólo el 22,2 por ciento las acepta), tener niños (el 55,5 por ciento no los acepta). Además, el relevamiento indica que todas las pensiones que admiten niños están llenas, lo que hace más difícil para una familia poder instalarse en alguna de ellas.

Respecto a otras "comodidades", elementos o servicios básicos para una situación habitacional digna, el informe arroja que sólo dos pensiones del total que se han relevado cuentan con baños privados; en el resto, un gran porcentaje no superan los dos baños para la totalidad del alojamiento. Lo mismo pasa con las cocinas, todas a compartir.

Sobre las condiciones en general, en un número minúsculo de los locales visitados pudo comprobarse que cuente con una buena disposición de servicios. Al momento de juzgar los establecimientos, la Concejalía Popular afirmó que "se encuentra en un estado de funcionamiento deficiente el 29,6 por ciento y muy deficiente el 11,1 por ciento". Mientras que el 40,7 por ciento se encuentra en un buen estado y sólo el 3,7 por ciento en un estado ideal; por su parte, el 14,8 por ciento restante estaría en un estado aceptable.