Después de una serie de marchas y contramarchas, finalmente la empresa Ricedal Alimentos acató la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo provincial y ayer retomó sus actividades tras reincorporar a los 28 trabajadores que había despedido hace casi un mes de la planta aceitera que tiene establecida en Chabás.
La decisión allanó el camino para descomprimir el conflicto laboral, al menos hasta el 13 del mes entrante cuando venza la prórroga de la medida que venía incumpliendo la empresa, pese a las sanciones.
Pero antes que ello suceda, las partes volverán a reunirse el jueves 7 de abril para encontrar una salida definitiva en la sede rosarina del organismo laboral, donde ayer tuvieron el acercamiento que permitió destrabar la compleja y tensa situación.
Si bien la semana pasada, como dio cuenta LaCapital, la firma había ratificado su postura de "no acatamiento" al disponerse la extensión del plazo de la conciliación obligatoria por otros 15 días, ahora cambió de posición y parece haber dejado una puerta abierta para retomar las negociaciones con mejores expectativas.
"Lo logrado es un triunfo porque nos permite a los trabajadores estar nuevamente adentro de la empresa, lo cual habilita una instancia de negociación más favorable de cara al futuro", dijo satisfecho a este diario el delegado gremial, Pablo Lucero, al terminar la audiencia.
Asimismo, se mostró optimista de llegar a un acuerdo que garantice "la continuidad de la fábrica y las fuentes de empleo", al tiempo que valoró el comportamiento de "todos los sectores sociales que acompañaron toda nuestra lucha, lo que fue clave para que la firma diera marcha atrás a su férrea posición y terminara acatando la conciliación obligatoria para retrotraer la situación hasta antes de los despidos para discutir una futura salida".
En esa línea destacó que "seguramente también influyó para que la firma revea su postura, la presión ejercida por el Ministerio de Trabajo al haber multado por su desobediencia y luego advertirle sobre la aplicación de sanciones más severas de mantenerse en rebeldía cuando fue prorroga la referida medida que al fin acató".
Al cesantear a los trabajadores la empresa adujo motivos "económicos y financieros por la falta de rentabilidad", argumento refutado por el gremio al sostener que, por el contrario, "se presenta un mercado favorable para la actividad" aceitera, además de calificar la cuestionada decisión como una especie de "maniobra especulativa".
Ello derivó en una protesta obrera frente a la fábrica situada a la vera de la ruta 33 en el ingreso a Chabás y que ayer fue levantado luego de que la firma acatara la conciliación y retomara al personal cesanteado para reiniciar sus operaciones. Si bien la protesta se desarrolló pacíficamente, hubo momentos de tensión cuando la empresa pidió a la Justicia que ordenase el desalojo, lo que no prosperó tras una fuerte movida sindical, política y social.
La buena noticia de la jornada de ayer corrió como reguero de pólvora y no sólo tranquilizó a los trabajadores, sino también a las autoridades locales y el resto de la población chabasense que se sensibilizó ante esa situación.
"Si bien aún estamos preocupados porque todavía no hay una seguridad para afirmar que la empresa seguirá funcionado sin afectar ninguna fuente de trabajo, todo indica que así será, lo que resulta por lo menos alentador", coincidieron en señalar distintas fuentes consultadas.
Pero más allá de lo que finalmente ocurra, el dato novedoso fue que ayer resurgió el optimismo de los obreros, que durante 28 días estuvieron acampando en señal de protesta frente el establecimiento para exigir la reincorporación que finalmente lograron.
Levantan paro en Casilda. En tanto los trabajadores de la empresa metalúrgica Marani SA, de Casilda, retomaron ayer sus actividades al cobrar parte de la deuda salarial que motivó la protesta.
Los 25 trabajadores de esta industria ubicada en el radio urbano, sobre la ruta nacional 33 y que se dedica a la fabricación de máquinas picadoras de forraje para hacienda, levantaron el paro al percibir un porcentaje de lo adeudado, cuyo monto total no trascendió, y ante el compromiso de los empresarios metalúrgicos de regularizar la situación progresivamente, según indicaron fuentes sindicales.