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Investigan al municipio de Carcarañá por anomalías en el cobro de multas

Por orden judicial, personal de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) realizó ayer un operativo de constatación en el Tribunal de Faltas de Carcarañá y sobre la ruta 9, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades...

Martes 15 de Noviembre de 2011

Por orden judicial, personal de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) realizó ayer un operativo de constatación en el Tribunal de Faltas de Carcarañá y sobre la ruta 9, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en el cobro de multas de tránsito por parte del municipio.

El procedimiento fue ordenado por el juez de Instrucción de Cañada de Gómez, Rodolfo Sbala, quien junto al fiscal de ese tribunal, Angel Granato, estuvo presente en el operativo, que "consistió en la verificación de la existencia de un radar en la intersección de la ruta 9 y calle Santa Joaquina -el cual estaría fuera de funcionamiento- y la impresión de todas las actas de infracción registradas por el Tribunal de Faltas desde abril de 2009 a la fecha", dijo a La Capital .el jefe de la TOE, Roberto Benítez.

Origen de la investigación.La investigación arrancó con la denuncia del defensor del Pueblo, Edgardo Bistoletti, ante el procurador general de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Agustín Bassó, y la Fiscalía de Cámara de la Segunda Circunscripción de la provincia por presuntas irregularidades detectadas al confeccionar y aplicar multas por infracción a las normas de tránsito. Es que además de la gran cantidad de denuncias recibidas, la propia Defensoría fue intimada en septiembre pasado por una supuesta falta cometida con uno de sus vehículos oficiales. La advertencia, remitida por una "supuesta" mandataria -no consta su cargo ni matrícula-, está dirigida a la Gobernación de Santa Fe, a la que conmina a pagar lo reclamado en un domicilio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o por depósito en una caja de ahorro del Banco de la Nación Argentina identificada sólo con un número de cuenta.

"Todo ello bajo apercibimiento de acciones legales, reclamar la deuda por la vía ejecutiva de apremio, solicitar embargo de bienes y/o inhibición general", entre otras medidas "que se esgrimen con la clara intención de anular toda posibilidad de razonamiento y averiguación de antecedentes (que se omiten y falsean en la intimación cursada)", según la resolución.

Gobernación condenada. Otra irregularidad se denota cuando se supone que se ha condenado a la "Gobernación de Santa Fe y resulta cuestionable que un mero 1397967985juez' administrativo -que no es tal, sino simplemente un empleado de la Intendencia- tenga facultades para emitir una condena contra la provincia de Santa Fe".

También "es insólito que una resolución administrativa que impone pagar una multa, pueda imputarse a la persona jurídica, y para más de derecho público, pues es obvio que la supuesta infracción sólo puede ser cometida por una persona física", reza la resolución de Bistoletti.

Antecedentes. A partir de febrero de 2009 la Defensoría del Pueblo ya recibía numerosos planteos por infracciones labradas por la Municipalidad de Carcarañá, por lo que solicitó la actuación de la Agencia de Seguridad Vial, que constató "variadas irregularidades vinculadas principalmente al procesamiento y notificación de las actas de infracción, la mora en los plazos de notificación a los imputados y la imposibilidad de inspeccionar la sala de edición de la empresa contratada para la operación técnica de los equipos automatizados".

A raíz de la intimación de pago, el defensor del Pueblo decidió recabar todos los antecedentes y surgió que la multa reclamada corresponde a una supuesta infracción de fecha 10/11/2008, período en el cual la Municipalidad de Carcarañá no contaba con habilitación vigente.

Bistoletti consideró necesario "investigar, si efectivamente existe una resolución administrativa que condena a la Gobernación de Santa Fe al pago de una suma de dinero en concepto de multa por infracción de tránsito cometida por un vehículo oficial, y en su caso, si dentro del procedimiento administrativo realizado se cumplimentó la normativa vigente".

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