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Policías chileno habrían fraguado pruebas contra mapuches

Carabineros son acusados de inventar chats para imputar a ocho indígenas de la quema de iglesias y camiones. Resistieron un allanamiento.

Domingo 28 de Enero de 2018

Los Carabineros, la policía nacional de Chile, enfrentan una inusual acusación: la fiscalía los acusa de montar una trama para inculpar falsamente a mapuches de estar detrás de ataques a iglesias y camiones.

   Luego de que la fiscalía de Temuco _700 kilómetros al sur de Santiago, en la región de la Araucanía_ denunciara que los carabineros alteraron pruebas que incriminaban a mapuches en un delito, la Policía de Investigaciones (PDI) intentó allanar el viernes un cuartel en esa ciudad, pero no tuvo éxito.

   De los 17 millones de personas que habitan Chile, un millón se declaran mapuches. La mayoría vive en Santiago y la Araucanía y son pacíficas, pero algunas reclaman la devolución de tierras ancestrales tomadas por el Estado chileno en un enfrentamiento que se remonta al siglo XIX. La Araucanía es también la región más pobre de Chile. La violencia de tipo terrorista de grupos radicales mapuches se ha vuelto crónica.

   Por el "Caso Huracán", ocho mapuches fueron acusados de coordinarse a través de WhatsApp para realizar quemas de iglesias y camiones. Sin embargo, la fiscalía de Temuco acusó ahora a miembros de los carabineros de haber alterado las pruebas para inculparlos. Se cree que la policía habría creado los chats y los habría introducido en los teléfonos después de incautarlos. Ante estas sospechas, la Fiscalía General cerró el caso el jueves pasado y está en espera de determinar la veracidad de estos alegatos.

   "Carabineros se opuso a la diligencia de allanamiento" explicó el viernes ante la prensa la portavoz de la Fiscalía General, Marta Herrera. Sin embargo, agregó, su dependencia ha iniciado trámites en el Ministerio de Interior para poder acceder al cuartel de los carabineros en Temuco.

   Según Herrera, esta es la primera vez en 18 años que la PDI se ve impedida en la práctica de allanar cualquier recinto policial.

   El jueves por la tarde, el fiscal general, Jorge Abbott, explicó a medios locales que las sospechas contra los carabineros iniciaron porque los antecedentes que éstos entregaron para iniciar la investigación contra los mapuches mostraban irregularidades. Por ello, agregó, decidió abrirse una investigación por falsificación de instrumentos públicos y obstrucción a la investigación.

   Como Herrera, el fiscal explicó que la situación es inédita en el sistema de reforma del proceso penal chileno.

   Por su parte, Gonzalo Blu, jefe de Carabineros, defendió a la institución el mismo viernes y en rueda de prensa dijo que su investigación "está amparada en la legislación vigente".

   "La situación planteada por el Ministerio Público no hace más que amparar a aquellas personas que se han dedicado a causar el miedo y daño en la región del Sur del país y deslegitima a dos importantes instituciones del Estado, las cuales solamente deberían estar preocupadas por la lucha contra la delincuencia".

   Ante la situación, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, se mostró cauto y pidió no realizar juicios antes de conocer el resultado de las investigaciones y aseguró que "el gobierno va a tomar decisiones en función de cómo avancen las investigaciones administrativas o judiciales, según corresponda".

   "Si se llega a probar parte de los hechos, sea en el ámbito que se determine, el costo institucional va a ser muy alto para la institución que corresponda", agregó.

   La disputa entre Carabineros y la fiscalía podría implicar la revisión de otros casos abiertos y en investigación y hacer tambalear la confianza y credibilidad de los procesos investigativos y judiciales en el país. Carabineros, a diferencia de otras policías sudamericanas, tiene una imagen positiva alta entre la población chilena. A su vez, los grupos mapuches radicalizados de la Araucanía son especialmente impopulares por su reiterado recurso a la violencia más extrema, como ataques con bombas molotov contra fincas, depósitos y vehículos de transporte.

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