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La Justicia porteña vuelve a exigir la suspensión de Uber

Un fallo ordena al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires suspender de "modo inmediato" la actividad de Uber y otras empresas similares

Jueves 02 de Mayo de 2019

La Justicia porteña volvió a exigir al gobierno de la Ciudad suspender de "modo inmediato" la actividad de Uber y otras empresas similares a las que califica como "empresas de transporte", concepto que la compañía rechazó al asegurar que no son "un servicio de transporte público de pasajeros".

"El GCBA deberá adoptar de modo inmediato las medidas necesarias para suspender cualquier actividad que desarrollen estas empresas en materia de transporte de pasajeros en el ámbito de la CABA", aseguró en su fallo el titular del Juzgado Número 15 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Víctor Trionfetti, consignó el sitio ijudicial.  El magistrado amplió la cautelar presentada por el Sindicato de Peones de Taxis contra el gobierno porteño en abril de 2016, fecha en que comenzó a operar Uber en la ciudad de Buenos Aires.

Tras el fallo, Uber se definió como "una empresa de tecnología, no es un servicio de transporte público de pasajeros".

Y agregó que "en tres sentencias firmes, los Juzgados 7 y 14 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires confirmaron que la actividad que realizan los socios conductores de Uber no es de taxi ni remís, por lo que no deben habilitarse como tales".

La plataforma destacó que esos fallos "señalan que (la actividad de Uber) se encuadra en un servicio de transporte que se concreta por intermedio de una plataforma de internet y la cual está regulada por el Código Civil y Comercial de la Nación, no existiendo norma alguna que restrinja o regule esta actividad privada".

En noviembre, la Sala II de la Cámara de Apelaciones del fuero había pedido que "el magistrado de grado realice las diligencias necesarias para permitir la continuidad del proceso como corolario de la inacción de las partes involucradas, y habilitadas al efecto", con el objetivo de monitorear la medida cautelar.

Trionfetti libró un oficio para que la Agencia Gubernamental de Control informe en el plazo de 20 días "si la empresa hizo algún pedido de habilitación para el servicio de transporte público de pasajeros y, en caso afirmativo, informe desde qué fecha y remita los antecedentes".

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