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La Corte ratificaun fallo que condena a un periodista

Viernes 03 de Noviembre de 2017

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó el fallo que condena a un periodista de la ciudad bonaerense de Ramallo por la publicación de una serie de notas sobre un bingo de esa localidad, que en principio incumple con los aportes que legalmente debe hacer a una biblioteca local.

En este sentido, la Comisión de Libertad de Expresión y Formación Profesional del Sindicato de Prensa Rosario expresa su preocupación por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Csjn) por el cual quedó firme la condena contra el periodista de Ramallo, Fernando Latrille, un hecho que lesiona el alcance y contenido de la libertad de expresión y exhibe un trato inequitativo ante casos similares donde debía ponderarse la doctrina de la real malicia.

Latrille publicó notas en el mensuario Despertar, de Ramallo, acerca del dinero que la biblioteca que lleva el nombre de la ciudad había recibido como resultado de la explotación del Bingo Ramallo SA, y que no se reflejaba como aplicado en beneficio de la institución.

En esas publicaciones, Latrille, quien fue patrocinado en la presentación ante la Csjn por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), afirmó que la biblioteca había recibido 307 723 pesos y se interrogó sobre el destino de ese dinero, un hecho de indudable interés público por el que también se preocuparon integrantes del Concejo Deliberante que plantearon un pedido de información. Por estas notas, la presidenta y la secretaria de la comisión directiva de la biblioteca demandaron al periodista por daños y perjuicios. La Justicia lo condenó al pago de una multa, la que en instancia de la Csjn fue convalidada cuando se denegó el pedido de Latrille de iniciar un proceso extraordinario, con el argumento de la inexistencia de un "agravio federal suficiente" (art. 280 Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), y sin analizar la causa.

La situación planteada por la falta de análisis de los hechos y de la prueba producidos en el expediente contra el periodista de Ramallo, resulta un antecedente negativo para la libertad de expresión y el derecho a la información, y una regresión en la aplicación de la doctrina de la real malicia.

Cabe recordar que, justamente, el criterio de la real malicia supone que, cuando existe un hecho de interés público, las personas aludidas en la información deberán demostrar la falsedad de la misma y más aún que el periodista actuó con despreocupación en la búsqueda de la verdad, o bien que sabía que la información era falsa y aún así la publicó.

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