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El gobierno recusó a los jueces de una Cámara

Son los que resolvieron amparos a favor de los 357 trabajadores despedidos de la Agencia de Noticias Télam.

Miércoles 26 de Septiembre de 2018

El gobierno nacional recusó a todos los jueces de la Cámara Nacional del Trabajo que resolvieron hasta el momento amparos, individuales o colectivos, en los que se hayan pronunciado a favor de los 357 trabajadores despedidos de la Agencia de Noticias Télam. Así lo informó ayer el editor de Internacional y dirigente del Sipreba, Ariel Bargach.

"El ex ministro Hernán Lombardi está decidido a respetar a la Justicia solamente cuando falla al servicio del poder. La maniobra, que registra pocos antecedentes equivalentes desde la recuperación democrática de 1983, logró un éxito parcial con el desplazamiento de la Sala V de los jueces Enrique Arias Gibert y Miguel Rodríguez Brunengo, presuntamente por adelantar en la resolución cautelar una posición favorable para los trabajadores de Télam que quedaría consolidada con la acción de fondo. Al mismo tiempo, el gobierno fracasó en su intento de remover a la jueza Graciela Craig, de la Sala V, y quien quedó ratificada para resolver en las próximas medidas cautelares", abundó el dirigente del Sindicato de Prensa de Buenos Aires.

En este sentido, Bargach advirtió que "la operación pretende, ahora, intentar completar los lugares vacantes en la Sala con jueces adictos al gobierno, lo que no necesariamente está garantizado en estas horas. Aun si el resultado final fuera inocuo, queda en evidencia la intención del gobierno de someter y disciplinar a la Justicia, del mismo modo que pretenden disciplinar a la redacción con su programa de despidos salvajes".

Asimismo, Bargach anticipó que "estamos buscando una mediación a nivel de una o dos instituciones muy importantes, sobre la que podría haber una definición la semana próxima, luego de una reunión".

Hoy se cumplen tres meses del despido de 357 trabajadores de la Agencia Télam, cuyos empleados llevan a cabo un paro con la ocupación pacífica de sus dos sedes centrales en la ciudad de Buenos Aires, mientras la empresa se niega a abrir una mesa de diálogo para negociar una salida, a pesar de que existen dos fallos judiciales que ordenan la reincorporación de los cesanteados.

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