Copiapó y Buenos Aires.- Al menos 240 trabajadores de las minas de la región de Antofagasta, al norte de Chile, murieron a lo largo de 20 años -un promedio de uno por mes-, según un estudio de la Federación Minera de Chile (FMC), mientras el país entero debate sobre la seguridad de los operarios.

“La estadística realizada por nuestra entidad revela una verdad que nos avergüenza: las leyes que regulan la actividad permiten que las empresas trabajen al menor costo y esto se hace abaratando las medidas que protegen a las personas”, dijo en diálogo telefónico Agustín Latorre, representante de FMC, que nuclea a doce mil mineros de todo el país.

Latorre señaló que “alguien va a tener que hacerse cargo de los daños que sufran las familias de los 33 mineros de San José”, que se encuentran vivos, pero atrapados bajo toneldas de roca, desde el 5 de agosto, y “los empresarios tendrán que responsabilizarse”.

Frente a esta realidad, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció hoy una comisión para la Seguridad en el Trabajo, que tendrá un plazo de 90 días para analizar la legislación y presentar una propuesta de cambio.

“Creemos que hay un antes y un después en materia de seguridad. El principal encargo es hacer una profunda revisión de nuestra legislación, de los mecanismos de investigación y los montos de sanciones”, dijo el mandatario, según reprodujo el diario chileno la Tercera.

El presidente insistió en que no habrá impunidad: “Las investigaciones en lo penal y lo civil ya se han iniciado, vamos a culpar a los que tengan responsabilidad”.

Ayer el dueño de la mina, Alejandro Bohn, había dicho a un canal de televisión chileno: “No es el momento de asumir ni culpas ni perdones, hay procesos de investigación. En estos momentos hay que estar tranquilos de que nuestros trabajadores hicieron lo que tenían que hacer y contaron con los elementos dentro de la mina para poder hacerlo”, mientras que hoy anunció que no tenía certeza de poder seguir pagando los salarios.

Las declaraciones de Bohn desencadenaron una ola de repudio. El ministro de Minería, Laurence Goldborne, las calificó de “increíbles y sorprendentes" e insistió en que ”las principales obligaciones son de la empresa".

“La minera San Esteban tiene que hacerse cargo de sus obligaciones”, dijo el senador de Renovación Nacional (RN), Alberto Espina.

“Lo más cómodo para una empresa es hacer una mala gestión, no cumplir con las leyes laborales, provocar producto de eso una situación dramática y finalmente desentenderse y decir que no tiene plata para pagar los sueldos, es realmente increíble”, comentó, según reprodujo el diario chileno La Nación.

Por su parte, el vocero del bloque y presidente de la Democracia Cristiana, Juan Carlos Latorre, aseguró que “el comportamiento de los dueños deja mucho que desear”.

“No han estado dispuestos a asumir en ningún momento la más mínima responsabilidad en un accidente en la que no cabe ninguna duda que la empresa no cumplió con las disposiciones legales vigentes en materia de seguridad para su trabajadores".

En la misma línea, el ingeniero en minas y director de la Federación de Sindicatos de Supervisores y Profesionales de Codelco, Enés Zepeda, señaló que “la condición insegura es la que predominó en el accidente de la mina San José”.

“Allí faltó el instrumental técnico que permitiera indicar tempranamente que el cerro estaba ejerciendo presión y que en algún momento se iba a desplomar”, dijo.

Por su parte, Latorre denunció que “favorecidos por el precio alto del cobre últimamente muchas empresas medianas y chicas, como la de San José, se embarcan en explotaciones como éstas”.

Para el sindicalista, el problema es que sigue rigiendo “un modelo económico que permite y fomenta el lucro por sobre la seguridad de las personas, mientras los organismos de control no cumplen con su función”.

“Apenas hace unas horas, mientras se producía el hallazgo del refugio de los 33 mineros, moría aplastado bajo un radiador otro minero de la región”, informó el sindicalista.

Latorre dijo que su país “está lejos de cumplir con los estándares internacionales para un trabajo seguro” y recordó que en 2006 murieron dos personas en la misma mina como consecuencia de otro derrumbe, mientras que en 2007, cuando falleció otro trabajador, San José fue clausurada, pero volvió a ser abierta en 2008.

Hoy, la compañía anunció que no descarta pedir la quiebra ante la imposibilidad de cubrir los salarios de septiembre y los gastos del rescate. (Télam)